En el Ministerio de Economía se oponen a un incremento en el mínimo no imponible de Ganancias, ya que consideran que «no es un cambio que sea justo desde el punto de vista tributario». Ya en enero Felisa Miceli había manifestado su oposición a un cambio de estas características y esta semana se lo reiteró a su equipo de trabajo.
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Claro que hasta ahora el equipo económico estuvo al margen de las discusiones sobre el futuro del mínimo en Ganancias, ya que las negociaciones las manejó directamente la Casa Rosada. La muerte de un policía en Santa Cruz ante un reclamo de los sindicalistas del gremio petrolero adelantó un debate que estaba planeado recién a partir de abril.
Miceli reconoce que el sistema tributario debería tener cambios pasados ya cuatro años desde la devaluación y la profunda crisis económica y social que se desató en 2002. Pero enfatiza que no es Ganancias el tributo que deba tener modificaciones. «Se trata de un gravamen progresivo, que afecta a la población que más tiene. Existen claramente otras prioridades», sostienen en el Palacio de Hacienda.
Esta argumentación se sostiene en las últimas cifras de distribución del ingreso, correspondientes al tercer trimestre de 2005. Si bien la ministra criticó duramente al INDEC por mostrar que la brecha entre la población más rica y los más pobres se agrandó, esa misma estadística establece que la masa de asalariados que actualmenteestá alcanzada por Ganancias es un pequeño porcentaje de la población.
De acuerdo con las estadísticas, sólo 20% de los hogares (obviamente los de mayores ingresos) tiene potencialmente individuos alcanzados por el Impuesto a las Ganancias de acuerdo con el nivel de ingreso. Cuando se mide en porcentaje de la población, la relación todavía es menor. Sólo 13% quedaría alcanzado por el gravamen sobre un universo de 23,13 millones de personas. El mínimo no imponible para solteros se ubica en $ 1.840 de ingreso bruto mensual y para casados alcanza los $ 2.240 mensuales. «Es más lógico que sigamos con la política actual de aumentar los ingresos y determinar cómo los distribuimos mejor con políticas sociales que bajar la presión de la población de mayores recursos», explicaron a Ambito Financiero altos funcionarios del Palacio de Hacienda.
Néstor Kirchner tiene estos datos en sus manos, pero al mismo tiempo reconoce que existe una presión social, y sobre todo sindical, creciente. Por eso, se barajan distintas alternativas, que van desde una suba del mínimo en Ganancias a un incremento de las deducciones especiales. Esta última opción supondría una marcha atrás al impuestazo de José Luis Machinea en 2000.
Según se había dispuesto en el Presupuesto 2006 aprobado en el Congreso, el gobierno se comprometía a estudiar dentro de los 120 días un cambio tanto para Ganancias como para Bienes Personales.
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