Será dividida la Argentina en tres zonas a partir de la semana pasada. Esto implica la restricción en los traslados entre las zonas y la imposibilidad de exportar carne a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá desde las áreas "conflictivas". Desde el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) se indica que la zonificación sólo significa más control en la enfermedad. Pese a que oficialmente no se reconoce la existencia de fiebre aftosa en el país, la Argentina fue dividida en tres zonas sanitarias a partir de la semana pasada, de acuerdo al potencial de riesgo de contagio viral.
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Dicha división implica la restricción en los traslados entre las zonas -de riesgo fronterizo, de riesgo intermedio y sin riesgo-y la imposibilidad de exportar carne a Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá desde las áreas consideradas «conflictivas» para la sanidad animal del país.
Si bien la decisión implica el regreso de las «barreras sanitarias» para la ganadería, desde el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) se indica que la zonificación sólo significa un avance más en el control epidemiológico de la enfermedad.
Zonas de riesgo
Sin embargo, de la lectura de la colectiva 07/01 del SENASA, firmada por el titular de la Dirección Nacional de Sanidad Animal, Marcelo De la Sota, surge que las zonas de riesgo fronterizo e intermedio están constituidas por las localidades, partidos y departamentos en los que productores indicaban la aparición de supuestos focos de fiebre aftosa. Pero De la Sota le decía ayer a Ambito Financiero que «una región es considerada riesgosa de acuerdo al nivel de comercio ganadero que desarrolle con Formosa». Según el funcionario, la colectiva enviada a los directores regionales, coordinadores provinciales y jefes de las oficinas locales del SENASA (casi un memo inter-no en la burocracia del organismo sanitario) sólo establece restricciones al tránsito y fija pautas para el control y la movilización de hacienda.
De esta forma, el gobierno vuelve a cargar la responsabilidad sanitaria a los animales ingresados desde Paraguay por la frontera de Formosa aunque algunos productores indicaban recientemente que «el virus que habría sido detectado en el país no sería el A 24 que supuestamente tendría su origen en Paraguay», aunque se reconoce el peligro que implica para la Argentina contar con países vecinos de alto riesgo como Paraguay y Brasil. Igualmente, las manifestaciones de los productores se vuelven a enfrentar con las respuestas de los funcionarios del SENASA que ratifican que no existe aftosa en el país mientras algunos empresarios comentan la existencia de «anillos de vacunación» en diversas regiones, curiosamente las mismas que se identifican como «riesgosas».
Informe
Lo cierto es que para realizar el traslado de hacienda los productores deben solicitar los DTA junto a la presentación de un informe sobre origen, destino, y estado sanitario de la hacienda. «Ante la necesidad de traslado los productores llaman al SENASA y se envían veterinarios que realizan los estudios correspondientes, como el ELISA 3ABC que sirve para detectar la existencia de virus. Si el estudio da serología negativa se autoriza el traslado y si da positivo se realizan nuevos estudios de contraprueba como EITB y PCR», explicaba claramente Marcelo De la Sota. «El sangrado se realiza con fines estadísticos y estas medidas adicionales sirven para realizar una caracterización epidemiológica que es muy dinámica», decía. Lo cierto es que la colectiva 07/01 del SENASA dice que en las zonas de riesgo fronterizo e intermedio se deben realizar dos determinaciones serológicas con 21 días de intervalo a la totalidad de los bovinos de la región sin costo para el productor.
Al ser consultado De la Sota sobre la posibilidad de que los productores se equivoquen y confundan estas «determinaciones seriológicas» con una ágil actividad de vacunación del SENASA -como sostienen muchos empresarios rurales-, el funcionario remarcó que «puede ser... hay síntomas que determinan una situación de sospecha y se denuncia al ver síntomas... pero hay que esperar que se den los resultados para confirmar o desechar la enfermedad».
Así planteado, la medida que rige desde el lunes pasado intentaría poner en caja una situación que el sector privado reconoce como desbordada en algunas zonas y que el gobierno sostiene que es un paso más sobre el control de riesgos sanitarios.
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