Sobisch juega fuerte: el gas será neuquino
Un proyecto enviado a la Legislatura neuquina por el gobierno de Jorge Sobisch puede abrir el conflicto. Le quita a la Nación la potestad sobre los recursos gasíferos, que el gobernador considera un derecho de las provincias que poseen yacimientos hidrocarburíferos. Sobisch había señalado días atrás: "Estoy cansado de regalarle el gas a Buenos Aires", en alusión al perjuicio que significaron para su provincia la devaluación de Remes Lenicov y la posterior inmovilidad de las tarifas: 800 millones de pesos en dos años. Ahora, si prospera el proyecto, no sólo podrá operar Neuquén en el negocio del gas (a través de empresas estatales o mixtas), sino que es la llave para readecuar los costos del combustible en boca de pozo. Y eso pondría al Gobierno nacional ante el inexorable aumento de tarifas que hasta ahora ha negado.
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Jorge Sobisch
•El proyecto
Sobisch indicó que a nivel Mercosur el gas en boca de pozo tiene un valor promedio de 3,25 dólares y que la intención es, una vez aprobada la ley, llevar el precio local a 1,40 dólar el millón de BTU, como mínimo.
El proyecto también establece que «las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos y derivados estarán a cargo de empresas estatales, privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y a las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo provincial, que será la autoridad de aplicación de esta norma».
En agosto pasado Néstor Kirchner firmó un decreto de necesidad y urgencia que le otorga a las provincias el dominio y la jurisdicción sobre las áreas hidrocarburíferas no concesionadas. De todos modos, el decreto preserva para la Secretaría de Energía el control de las concesiones al tener que informársele de cada una de los otorgamientos. La administración central también participará en la coordinación de los contratos, así como estará a su cargo el manejo de la exportación del petróleo y el gas extraídos.
Por eso, la avanzada de Sobisch vislumbra un frente de conflicto con Nación, ya que la norma busca, de una u otra manera, quitar a la administración central esa potestad en haras de lo que el patagónico considera «un derecho de las provincias» que poseen yacimientos hidrocarburíferos.
Los participantes de aquel encuentro coincidieron en que en definitiva se estaba cumpliendo con lo establecido por el artículo 124 de la Constitución Nacional. Pero recordaron oportunamente que sobre las áreas ya otorgadas, una vez devueltas por las empresas, regresarán a la provincia. Es, precisamente, esa oportunidad la que Sobisch quiere aprovechar cuando dentro de 13 años venza la concesión de los yacimientos.




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