La CNV da otro paso de cara a la regulación de las criptomonedas

La CNV introdujo como nuevos sujetos obligados ante la UIF a los agentes depositarios centrales, a los agentes de custodia y a los proveedores de cripto, que además serán fiscalizados por la Comisión.

La CNV dio un segundo paso de cara a la regulación del ecosistema cripto.

Depositphotos

Luego de abrir el registro de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), la Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un segundo paso de cara a la regulación del ecosistema cripto. Ahora, adecuó su normativa a las disposiciones de la reforma de la Ley de Prevención del Lavado e incorporó nuevos sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, determinó que las billeteras y otros proveedores de criptomonedas o criptoactivos pasen a ser fiscalizados por la CNV, una vez que se avance en la segunda etapa de la regulación del sector.

Así lo dispuso el organismo que conduce Roberto Silva a través de la Resolución General N° 996, que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial. La medida apunta a cumplir con las directrices de la Ley N° 27.739, aprobada recientemente por el Congreso como reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Todo esto se realiza para cumplimentar las recomendaciones más urgentes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que visitó el país días atrás en el marco de la cuarta evaluación del organismo a Argentina. GAFI elaboró una serie de recomendaciones que, según los funcionarios, en caso de ser incumplidas podrían arrastrar al país a la “lista gris”, lo que implicaría complicaciones para las relaciones financieras entre Argentina y el resto del mundo.

Silva destacó que se adecuó “la normativa de la CNV a efectos de cumplir con la Ley e incorporar los nuevos sujetos obligados para la UIF”.

En concreto, la RG 996 introduce como nuevos sujetos obligados ante la UIF a los agentes depositarios centrales; a los agentes de custodia, registro y pago; y a los PSAV. Estos últimos, además, serán nuevos sujetos fiscalizados por parte de la CNV, algo que hasta ahora no ocurría.

¿Qué implica esto? Los sujetos obligados deberán observar el cumplimiento de las distintas normas antilavado y de prevención del financiamiento del terrorismo, y reportar ante la UIF. Además, la resolución establece que “las emisoras deberán presentar a la Comisión la documentación respaldatoria a fin de verificar el origen lícito de los fondos involucrados en aportes de capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de acciones o préstamos significativos que reciban, como así también la identidad de los sujetos involucrados en dichas operaciones”.

Regulación del universo cripto: ¿Cómo sigue?

En cuanto a la incorporación de las billeteras, empresas y personas humanas que actúan como proveedoras de criptomonedas o criptoactivos como sujetos a ser fiscalizados por la CNV, fuentes oficiales le explicaron a Ámbito que este trabajo de contralor específico comenzará a aplicarse en una segunda etapa, en la que se avance con la letra fina de la regulación del universo cripto.

Esta reglamentación constituye un segundo paso en este proceso. El primero, luego de la sanción de la ley, fue la apertura del registro de proveedores de servicios de activos virtuales para tener identificados a todos los que actúan en el país como Exchange de criptomonedas (con excepción de los que operan montos mensuales inferiores a u$s32.000), algo que había pedido expresamente el GAFI. El registro se lanzó el 25 de marzo quedará abierto por 45 días.

En el Gobierno aseguran que aún no hay plazos concretos planteados para que la CNV avance en la regulación más exhaustiva de las billeteras que operan con criptos, lo que se hará en una segunda etapa. Pero, como contó Ámbito, en el horizonte está la idea de pasar del actual registro a un sistema de licencias que regularía cuestiones como un patrimonio mínimo de los proveedores y la separación de cuentas para intentar proteger los activos de los clientes en caso de eventuales quiebras de los Exchanges (un punto sobre el que existen experiencias negativas a nivel mundial), entre otros puntos. Los funcionarios aseguran que, para su elaboración, habrá consultas públicas y diálogo con el mercado.