Acuerdan desalojar de forma voluntaria predio ocupado en Villa Lugano

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Tras arduas negociaciones, las familias que ocupan un predio lindante con el Parque Indoamericano en el barrio porteño de Villa Lugano, desalojarán "voluntariamente" el lugar a las 6 de la mañana de este jueves, al haber alcanzado un acuerdo con el gobierno de la Ciudad, según se informó.

El Procurador General de la ciudad, Julio Conte Grand, sostuvo que la desocupación del predio será "inmediata" y que se censarán a las familias que ocuparon el lugar para incorporarlos a un plan de vivienda y urbanización del lugar.

Conte Grand participó de la reunión con representantes de los ocupantes en el marco de una negociación judicial, y al retirarse dijo que se trataba de un "desalojo voluntario" que se produciría a las 6 de la mañana.

Además, el funcionario reveló que el gobierno de la ciudad tiene en marcha el proceso de urbanización de la Villa 20 y que las futuras viviendas se construirían en los terrenos ocupados actualmente a los que se sumarían otros que ocupan dependencias de la Policía Federal, mediante un convenio que nunca se refrendó.

El juez contravencional porteño Gabriel Vega convocó a las partes a su despacho luego que el fiscal de la causa le reclamara el desalojo del predio tomado en forma ilegal en inmediaciones del Parque Indoamericano.

Durante la jornada se manejaron diferentes alternativas apuntadas a encontrar una solución al conflicto, mientras otros vecinos cortaron una avenida en reclamo por el esclarecimiento del crimen ocurrido durante la ocupación.

Vega tenía a consideración un pedido formulado por el fiscal Carlos Rolero, quien reclamó el desalojo al considerar que se habían agotados todas las instancias de negociación con los ocupantes.

De la reunión en el despacho del magistrado también participaron representantes del gobierno porteño, autoridades del Instituto de la Vivienda de la Ciudad y del Banco Ciudad.

Unas 500 familias mantenían tomado el predio situado en la avenida Fernández de la Cruz, donde delimitaron terrenos y se asentaron en carpas, a pocos metros de la villa 21.
El elevado número de ocupantes dio pie a la especulación y a la "venta" de los terrenos que habían sido delimitados con palos y cintas plásticas y, según trascendió los valores de ese comercio ilegal oscilaban entre los 18.000 a los 20.000 pesos.

Poco después un grupo de familiares de Osvaldo Soto, el hombre de 30 años asesinado el lunes por la noche de dos disparos cuando se inició la toma, cortaron la avenida Cruz en reclamo de Justicia, con dos contenedores de basura e incendiando neumáticos.

Más temprano, el fiscal Carlos Rolero informó que solicitó el desalojo del predio, al considerar que en una reunión que había mantenido el juez con los ocupantes este martes, "se agotaron las instancias".

Rolero había sido duramente cuestionado por el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, por haberse demorado hasta la mañana del martes en intervenir en el caso, cuando había sido alertado de la situación en la noche del lunes.

Berni dijo que "ahora es muy difícil" proceder al desalojo porque hay mucho más ocupantes, entre los que se encuentran gran cantidad de mujeres y niños.

A su turno, el juez Vega también indicó al canal TN que recibe numerosos reclamos por problemas habitacionales y que "muchos" de los ocupantes "son nacidos en la zona" de la toma, al sur de la Ciudad.

Con carpas, lonas, además de palos y pedazos de revestimientos, los ocupantes armaron sus precarios lugares para mantenerse en el lugar y tratar de conseguir algún tipo de beneficio en los terrenos linderos a la Villa 20.

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