El Estado podrá usar bienes incautados al crimen organizado con un nuevo régimen de administración y control

El Gobierno creó un sistema para aprovechar recursos secuestrados en causas federales y destinarlos a programas sociales y de seguridad.

El nuevo régimen permitirá al Estado administrar y disponer de bienes incautados en operativos contra el crimen organizado, con supervisión del Ministerio de Justicia.

El Gobierno implementó un nuevo régimen que permitirá al Estado conservar, administrar y disponer de los bienes incautados en operativos contra el crimen organizado. La normativa, publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto N° 575/2025, ya entró en vigencia y establece cómo se gestionarán estos recursos en causas federales.

Según las autoridades, la medida busca frenar el poder de las organizaciones ilícitas y dar un uso social a los recursos recuperados. “El desarrollo de una gestión eficiente y transparente de reintegro a la sociedad de recursos mal habidos conlleva numerosos beneficios”, sostuvieron, señalando que esos fondos también servirán para reparar a las víctimas.

La norma crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, un órgano que dependerá del Ministerio de Justicia y que tendrá la tarea de coordinar el manejo interinstitucional, supervisar el destino de los bienes y garantizar que el proceso sea legal y transparente.

Hasta ahora, esta función recaía en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pero con el cambio pasará a manos de Justicia, dada la complejidad y magnitud del crimen organizado en el país.

Uso y destino de los recursos

El nuevo régimen define que la Agencia de Administración de Bienes del Estado solo podrá utilizar recursos asignados por el Presupuesto, leyes especiales, donaciones, aportes no reembolsables, intereses de sus fondos y un porcentaje por enajenación o aranceles que no superen el 5% del valor del bien.

Además, también se modifica el financiamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), que podrá sostenerse con partidas presupuestarias, recursos de otros organismos y fondos provenientes de multas y de la administración de bienes incautados.

En casos de delitos como trata de personas, explotación o lavado de activos, los recursos se destinarán directamente a programas de asistencia a víctimas o a reforzar la lucha contra el narcotráfico.