El Gobierno oficializó la inclusión de la Fuerza Quds en la lista de entidades terroristas mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial, firmada por el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención y combate del terrorismo y su financiamiento.
20 de enero 2026 - 08:00
El Gobierno dispuso la incorporación de la Fuerza Quds a la lista de organizaciones terroristas
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial, por resolución conjunta de Cancillería y Seguridad y alcanza también a individuos vinculados a la organización iraní.
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El Gobierno formalizó la inclusión de la Fuerza Quds en la lista de entidades terroristas.
La normativa dispuso la inscripción de la “Fuerza Quds” y de las personas vinculadas a esa organización en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Entre los fundamentos centrales de la decisión, el Gobierno advirtió que el grupo “representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.
La medida quedó formalizada a través de la resolución 1/2026, firmada por la cartera de Seguridad Nacional y la Cancillería Argentina. Según el texto oficial, la decisión se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país y en la necesidad de fortalecer las herramientas de prevención, detección y represión del terrorismo y su financiamiento.
En ese sentido, la normativa remarca que el Estado argentino debe contar con un régimen jurídico y administrativo eficaz que permita actuar frente a organizaciones y personas involucradas en delitos de alcance transnacional, considerados una amenaza directa al orden público y a la seguridad nacional.
La resolución se apoya en distintos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención Interamericana contra el Terrorismo y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. También se citan resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y legislación nacional vigente.
Marco legal internacional contra el terrorismo y su financiamiento
Desde el Gobierno señalaron que estas normas obligan a los Estados a adoptar medidas concretas para prevenir y sancionar el terrorismo, así como a limitar la capacidad operativa y financiera de las organizaciones involucradas.
La publicación de la resolución se produjo luego de un comunicado oficial difundido días atrás, en el que el Ejecutivo sostuvo: “La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países”.
Los atentados en Argentina y el rol de la Fuerza Quds
En el mismo texto, el Gobierno recordó que “la República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994”.
La resolución también destacó el rol de Ahmad Vahidi dentro de la organización. Según el documento oficial, Vahidi estuvo al frente de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998 y se encuentra vinculado al atentado contra la AMIA.
El texto señaló además, que el exjefe del grupo terrorista cuenta con una notificación de alerta roja emitida por INTERPOL y que las autoridades iraníes no facilitaron su enjuiciamiento, sino que lo promovieron a comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Gobierno confirmó que Vahidi ya fue inscripto en el RePET.
Seguridad nacional y sanciones previstas por el Estado argentino
Desde el Ejecutivo argentino reafirmaron que el país “se ha comprometido a promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional” y a erradicar la financiación del terrorismo.
“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes”, argumentaron en la resolución. En ese marco, la normativa prevé agravantes penales, sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de las organizaciones terroristas y a proteger el sistema financiero argentino.
Finalmente, la resolución encomendó al Ministerio de Justicia avanzar con la inscripción correspondiente en el RePET, creado para facilitar el acceso y el intercambio de información y fortalecer la cooperación nacional e internacional en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.
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