El Ministerio de Seguridad Nacional oficializó una recompensa de $5 millones por cada uno de los ocho prófugos acusados de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante la resolución 462/2026, a pedido del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica.
21 de mayo 2026 - 09:09
El Gobierno ofrece $5 millones de recompensa por ocho prófugos acusados de tráfico internacional de armas
Los sospechosos, de nacionalidad argentina y chilena, tienen pedidos de captura nacional e internacional desde 2024 y están acusados de integrar una red dedicada al desvío y comercialización ilegal de armamento.
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Los sospechosos son ciudadanos argentinos y chilenos y permanecen prófugos desde mayo de 2024. Todos cuentan con órdenes de captura nacional vigentes desde el 22 de mayo de ese año e internacionales desde agosto de 2025, en el marco de la causa FMZ 16664/2021/7, que investiga una estructura criminal vinculada al tráfico ilegal de armas.
Entre los ciudadanos chilenos buscados figuran Franco Simón Basaez Vílchez, alias “El Javi”; Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido como “El enano petiso”; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval; y Aldana Matilde Glaria Orellana, quien posee DNI argentino. En tanto, entre los argentinos señalados aparecen Carlos Damián Algañaraz, alias “El Porteño”; Zaira Nahir Basaez; y Selene Anahí Obregón.
La resolución aclara que la recompensa será destinada únicamente a quienes aporten datos útiles para lograr la captura de los acusados y que no hayan participado en los delitos investigados. La información podrá canalizarse a través de la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad.
Además, el texto firmado por la ministra Alejandra Monteoliva ordenó a las fuerzas federales difundir los afiches de búsqueda en todo el país y dispuso que la Dirección de Comunicación Institucional amplifique la medida en medios gráficos, radiales y televisivos.
La causa por el desvío de armas al mercado ilegal
En paralelo, el Juzgado Federal de Campana, encabezado por el juez Adrián González Charvay, procesó con prisión preventiva a once personas acusadas de integrar una organización que habría desviado al menos 742 armas de fuego hacia circuitos ilegales entre 2022 y 2026.
La investigación comenzó tras una denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que detectó movimientos irregulares en la compra y transferencia de armamento. Según la pesquisa, había usuarios que solicitaban varias armas en períodos breves pese a no contar con ingresos compatibles con el valor del material adquirido.
El expediente, impulsado por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y el Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina, incluyó inspecciones en 38 domicilios y reveló irregularidades en la mayoría de ellos.
Para la Justicia, la organización operaba mediante testaferros, armerías, gestores administrativos y presuntos facilitadores dentro de organismos de control. Parte de las armas habrían sido enviadas a Chile y Uruguay, mientras que los investigadores sospechan que el volumen total de armamento desviado podría superar las 2.000 unidades.
El juez identificó a Ricardo Javier Mascato como presunto líder de la banda y le trabó un embargo de $120 millones. Para el resto de los procesados, los montos fijados fueron de $100 millones. Cuatro imputados continuarán bajo arresto domiciliario por cuestiones de salud.