La cobertura de cargos en el Poder Judicial de la Nación continúa siendo uno de los principales desafíos para el funcionamiento de la Justicia. Según los últimos datos del Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura, actualmente existen 266 vacantes que atraviesan diferentes instancias del procedimiento de selección y designación de magistrados.
10 de octubre 2026 - 13:27
La Justicia acumula 266 vacantes: más de la mitad siguen pendientes en el Consejo de la Magistratura
El Poder Judicial de la Nación tiene 266 cargos en distintas etapas del proceso de designación. 30 de esos casos esperan su tratamiento en el Senado.
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El poder judicial cuenta con 266 vacantes donde más de la mitad siguen pendientes en el Consejo de la Magistratura.
Del total de cargos pendientes, 159 permanecen en el Consejo de la Magistratura, mientras que 77 ya se encuentran en el Poder Ejecutivo y otros 30 esperan su tratamiento en el Senado.
Los registros oficiales también indican que el Consejo tiene 75 concursos en trámite. Sin embargo, esa cantidad no debe confundirse con el número de vacantes, debido a que un mismo procedimiento de selección puede comprender uno o varios cargos judiciales.
Frente a este escenario, Alfonso Santiago, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Austral, planteó cuatro propuestas destinadas a mejorar la eficiencia y la transparencia del sistema judicial argentino.
Las iniciativas, desarrolladas en un artículo publicado en El Derecho, abarcan la modificación del régimen de concursos, la evaluación de las reformas procesales, la implementación de controles periódicos sobre el desempeño de los magistrados y el fortalecimiento de una cultura institucional orientada al servicio de los ciudadanos.
Concursos anticipados y cambios para reducir la discrecionalidad
Uno de los principales problemas identificados por está relacionado con las demoras en los procesos de selección y con la falta de transparencia en determinadas etapas de los concursos judiciales.
El constitucionalista cuestionó especialmente los márgenes de discrecionalidad existentes en la conformación de las ternas de candidatos que posteriormente son elevadas para su designación.
En ese sentido, destaca el proyecto de un nuevo Reglamento de Concursos, aprobado por la Corte Suprema de Justicia mediante la Acordada 4/2026 y remitido al Consejo de la Magistratura para su consideración.
La propuesta contempla que los concursos anticipados se conviertan en el mecanismo habitual de selección, lo que permitiría iniciar los procedimientos antes de que se produzcan las vacantes y reducir los períodos durante los cuales los tribunales permanecen sin titulares.
Además, incorpora un legajo digital auditable, criterios de puntuación previamente establecidos para valorar los antecedentes de los aspirantes y mecanismos destinados a garantizar el anonimato durante las evaluaciones técnicas.
Otro aspecto central es la reducción del peso de las entrevistas personales. El proyecto establece que esta instancia podrá otorgar un máximo de 20 puntos sobre un total de 200, equivalente al 10% de la calificación final.
También propone reglas objetivas para integrar las ternas y listas complementarias, junto con un sistema de evaluación técnica dividido en dos etapas. “Todo ello redundará en la credibilidad y legitimidad de quienes finalmente sean propuestos y acortará claramente el número y tiempo de las vacantes judiciales”, sostuvo Santiago al referirse a los efectos esperados de la reforma.
La necesidad de medir cuánto duran los juicios
El segundo eje de las propuestas apunta a determinar si las modificaciones de los procedimientos judiciales consiguen efectivamente reducir la duración de los procesos.
Según se señala. durante los últimos años se implementaron numerosas reformas procesales en jurisdicciones nacionales y provinciales con el objetivo de agilizar la administración de Justicia.
Sin embargo, en esta instancia se considera necesario establecer mecanismos de evaluación que permitan comprobar sus resultados concretos y determinar cuáles de las nuevas herramientas producen mejoras reales.
La propuesta consiste en comparar la duración y la eficiencia de los procesos judiciales antes y después de las modificaciones normativas, para identificar qué procedimientos permiten resolver los expedientes con mayor rapidez.
De esta manera, el documento plantea que las reformas no deberían evaluarse únicamente por su contenido jurídico, sino también por sus resultados medibles. El objetivo es utilizar esa información para mantener, corregir o extender aquellas prácticas que demuestren mayor efectividad en la reducción de los tiempos judiciales.
Evaluaciones periódicas para controlar el desempeño de los jueces
La tercera iniciativa se concentra en el funcionamiento de los tribunales una vez que los magistrados fueron designados. Según el texto, el sistema argentino cuenta con procedimientos para seleccionar, nombrar, sancionar y eventualmente remover jueces, pero todavía presenta dificultades para evaluar de manera periódica y objetiva su desempeño.
Por ese motivo, una de las propuestas apunta a incorporar mecanismos de evaluación de la gestión judicial que permitan analizar el trabajo de los magistrados y rendir cuentas ante sus superiores, los abogados, los ciudadanos involucrados en los procesos y la sociedad.
El especialista advirtió que existen juzgados que, pese a disponer de cantidades similares de personal, infraestructura y herramientas procesales, presentan diferencias significativas en sus niveles de eficiencia y calidad de gestión.
En consecuencia, consideró que la medición de esos resultados permitiría identificar buenas prácticas, reconocer problemas de organización y mejorar el desempeño institucional.
La propuesta busca ampliar los mecanismos de control más allá de la designación o la eventual sanción de los magistrados, mediante evaluaciones que permitan conocer cómo funcionan los tribunales en su actividad cotidiana.
El debate por las vacantes llega a las elecciones del Consejo de la Magistratura
El cuarto planteo y último planteo apunta a una transformación de las prácticas institucionales dentro del Poder Judicial. El documento detalla que las reformas reglamentarias deben complementarse con una cultura de servicio al ciudadano, impulsada tanto por los magistrados como por las autoridades responsables de conducir los organismos judiciales.
En ese marco, sostuvo que mejorar el funcionamiento de la Justicia no depende exclusivamente de modificar normas o acelerar concursos, sino también de fortalecer el compromiso de quienes integran el sistema.
La discusión adquiere relevancia ante la próxima elección de los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, instancia que Santiago identificó como una oportunidad para debatir propuestas relacionadas con la transparencia, la eficiencia y la calidad institucional.
Los números actuales reflejan la magnitud del problema: de los 266 cargos judiciales pendientes de cobertura, casi el 60% todavía permanece en la etapa del Consejo de la Magistratura.
El desafío, según el planteo del especialista de la Universidad Austral, consiste en reducir los tiempos de designación sin debilitar los controles de transparencia y calidad, al mismo tiempo que se incorporan herramientas para evaluar el desempeño de los jueces una vez que asumen sus funciones.
Así, el debate sobre las vacantes judiciales se extiende más allá de la necesidad de cubrir cargos y alcanza una discusión más amplia sobre cómo se seleccionan los magistrados, cuánto demoran los procesos y qué mecanismos existen para garantizar un mejor funcionamiento de la Justicia argentina.
