La Justicia ordenó la intervención del SAME

EL juez Gallardo ordenó la intervención del SAME.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo dispuso la "intervención judicial informativa" del SAME, ante las denuncias sobre falta de atención en la Villa 31 de Retiro.

Fuentes judiciales indicaron que Gallardo solicitó la medida para que un interventor monitoree e informe sobre el servicio prestado en villas, asentamientos y barrios carecientes de la Capital Federal.

Con el mismo objetivo, dispuso también la intervención de la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud porteña. La decisión fue adoptada luego de una audiencia realizado en la cede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en Corrientes al 1.400, a la que se ausentó el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, quien dio parte de enfermo.

El juez Gallardo lo volvió a convocar a una audiencia para el próximo 25 de abril, y le advirtió que de no concurrir "se procederá a su traslado forzado a través de la Policía Federal".

Gallardo resolvió intervenir el servicio de atención médica de emergencia de la Ciudad, mediante "informantes que tendrán el carácter de oficiales de la Justicia ad hoc, con amplias facultades de ingreso a dependencias, desplazamiento interno, acceso a documentación, a servicios informativos".

Además, ordenó poner en conocimiento del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dicha resolución, para evaluar, "dada la gravedad y premura del caso, si el Ministro de Salud posee aptitud psicofísica para dar cumplimiento a las presentes mandas judiciales urgentes, operando en caso negativo a abocarse a adoptar la determinación pertinente".

Incluso a Macri, con quien políticamente el juez siempre estuvo enfrentado, le advirtió que "en caso de reiterarse el incumplimiento y no siendo sustituído en su caso el máximo responsable político del área, recaerá en su persona la responsabilidad jurídico-política emanada de las consecuencias que pudieran derivarse del citado incumplimiento".

En otro párrafo de su resolución, ordenó al Gobierno porteño la reapertura inmediata de todos los centros de salud ubicados en zonas de villas, asentamientos y barrios pobres, "incluyendo adecuada seguridad".

También el juez ordenó que se normalice el "suministro de medicamentos, instrumental y demás elementos necesarios para la efectiva y eficiente prestación del servicio de salud en los centros aludidos".
La polémica por el servicio de atención médica estalló luego que vecinos de la Villa 31 de Retiro denunciaran que una ambulancia del SAME se negó a ingresar al lugar para socorrer a un paciente, quien falleció al no recibir asistencia sanitaria.