Nuevas usurpaciones en complejo de viviendas en Parque Avellaneda

El juez federal Luis Armella, amplió la orden de desalojo de las viviendas ocupadas en un predio del Bajo Flores, donde se detectaron nuevas usurpaciones en el lugar que está ocupado ilegalmente desde hace más de una semana.

En tanto, el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró que el Gobierno Nacional "incumple con la decisión del juez" Luis Armella de desalojar el predio ocupado en el Bajo Flores.

La medida del juez fue dictada en el marco de la causa "Mendoza", donde la Corte Suprema de Justicia ordenara la puesta en marcha de un plan de saneamiento integral de la cuenca Matanza-Riachuelo.

"Requerir al Titular de la Subsecretaría de la Policía Metropolitana, Lic. Eugenio Burzaco, y a la Titular de la Secretaria de Seguridad Operativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Dra. Cristina Caamaño Iglesias Paiz, que, a través de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), informen en forma urgente y dentro de las 24 horas, todo lo sucedido sobre la nueva intrusión acaecida con fecha 15-03-11 en el predio sito en Av. Castañares, Lafuente y Portela de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dice la resolución.

Además, se solicitó un detalle de "las medidas que se venían realizando para la preservación de dicho predio, como así también los recursos humanos y materiales que se contaban al efecto".

Por su parte, Montenegro se refirió a las tomas de las viviendas, las cuales estaban destinadas a familias reubicadas que vivían en las márgenes del Riachuelo, y denunció que desde el Ejecutivo Nacional no hay intención de cooperar: "no nos han puesto interlocutor", dijo.

Las declaraciones fueron hechas en el marco de la audiencia que convocó la Corte Suprema para controlar sobre los plazos del saneamiento del Riachuelo (causa "Mendoza), y en la cual expusieron funcionarios de la Ciudad, de la Nación y el Gobierno Bonaerense.

Además, Montenegro acusó que el Gobierno Nacional no acompañó "la decisión judicial porque no está de acuerdo" con el desalojo ordenado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

"No tenemos con quien sentarnos en la mesa", se quejó Montenegro, ante la ausencia de negociación por parte del Gobierno Nacional, y valoró la presencia de la Policía Metropolitana en el lugar.

Por su parte, la ministro de Desarrollo de Desarrollo Social dijo que según consultó a los ocupantes del predio de Bajo Flores, ellos quieren una vivienda como condición para dejar el lugar.

El martes el juez Armella resolvió rechazar una recusación en su contra, para dejar de intervenir en la causa a raíz de un planteo de dos legisladores de la Ciudad.

Armella justificó su decisión en que el desalojo fue dispuesto no en el marco de una causa penal como cualquier otra, sino en el contexto del proceso de saneamiento del Riachuelo, tarea que le fue delegada por la Corte Suprema a su juzgado.