Tensión en Constitución: postergan el desalojo de más de 70 familias

Fue confirmado hace instantes. Se postergó hasta el 22 de este mes. Los habitantes afirman que en 10 días "no es posible" conseguir otra vivienda.

El Juzgado Civil 93 postergó la decisión judicial hasta el próximo 22 de septiembre tras un acuerdo entre la Defensoría del Pueblo y los habitantes del lugar, informaron hoy fuentes judiciales. Las autoridades volverán a presentarse en el lugar el 22 de este mes. El desalojo involucraba a más de 70 familias.

Esta madrugada, la calle Solís al 1800 amaneció vallada y rodeada por efectivos de la Comisaría Vecinal 1 de la Policía de la Ciudad que "fueron desplazados para prestar colaboración a dos oficiales de Justicia para proceder a una orden de desalojo", consignaron fuentes policiales a Télam.

En el inmueble, entre 80 y 100 personas se negaron a salir durante toda la mañana y personal de la Defensoría del Pueblo y de Buenos Aires Presente (BAP) iniciaron conversaciones con los moradores a fin de llegar a un acuerdo. Así, en la puerta del lugar se concentraron familiares de los habitantes y organizaciones sociales.

Sin embargo, pasadas las 14 se anunció que la misma quedaba sin efecto hasta el jueves 22 de septiembre, en tanto que personal de la Defensoría del Pueblo y del BAP comenzaron a realizar un censo de los habitantes del lugar. Mientras los efectivos policiales procedían a levantar las vallas y habilitar la circulación vehicular, algunos de los habitantes del inmueble señalaron a la prensa que "no es posible" conseguir un lugar donde vivir en diez días y que temen quedar en la calle.

Las diferentes versiones

La tensión que se desarrolló a lo largo del día y terminó desembocando en la postergación del desalojo, mostró dos posturas respecto a cómo se había llegado a ese punto. Según explicaron los familiares y organizaciones sociales, el desalojo se estaba llevando a cabo sin aviso previo y a pesar de que los inquilinos pagan alquiler por el lugar que ocupan.

Sin embargo, la orden judicial que había determinado el desalojo, librada por la secretaría 10 del Juzgado Civil 93, a cargo de la Paula Andrea Castro, determinó que este se debía llevar a cabo "debido a vencimiento de un contrato", precisaron las fuentes.