El juez Juan Vicente Cataldo hizo lugar a la acción de amparo que fuera interpuesta oportunamente y condenar a la empresa Autopistas Urbanas SA (AUSA) y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restablecer el funcionamiento de la Escuela de Educación Vial, que estaba en el predio ubicado debajo de la autopista (entre las calles Herrera, General Aráoz de Lamadrid, Quinquela Martín y General Hornos) en Barracas. En los fundamentos, Carlos Louzán y Carlos Rollero señalan que la finalidad de la escuela «era la prevención de accidentes de tránsito mediante cursos teóricos y prácticos destinados a alumnos primarios y secundarios de establecimiento educativos tanto de la Ciudad como de la provincia de Buenos Aires».
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Agregan que «en ese lugar se pudo recrear una miniciudad con manzanas, avenidas, semáforos, espacios verdes, áreas de prevención, autopista con cartelería inteligente, diagonales ...para que los alumnos desarrollen un comportamiento prudente y responsable en el uso de la vía pública y lo que significan los riesgos imprudentes». Informate más
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