Berlín: el "sí" se impuso en el referéndum sobre la expropiación de viviendas

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Con 3.380 de 3.763  mesas escrutadas, la postura a favor de la expropiación aventaja con el 56,5% de los votos al "no", el cual obtiene un 38,8%. Si bien el referéndum no es vinculante, representa un masivo apoyo en favor de una posible iniciativa.

A raíz de la crisis habitacional que afecta a la capital de Alemania, los berlineses acudieron este domingo a las urnas no solo para elegir al sucesor de la actual canciller Angela Merkel sino también para expresar su postura respecto a una posible expropiación de más de 200.000 viviendas de alquiler que actualmente están en manos de empresas privadas.

Con 3.380 de 3.763 mesas escrutadas, la postura a favor de la expropiación se impuso con el 56,5% de los votos al “no”, el cual obtuvo un 38,8%. Asimismo, los votantes que se inclinaron favorablemente lograron superar el piso mínimo requerido para la validación del plebiscito - el cual se ubicaba en 611.900-, al obtener por el momento un total de 717.363 votos.

Si bien el referéndum no es vinculante, representa un masivo apoyo en favor de la posible iniciativa, la cual implicaría la compra de las viviendas expropiadas por parte del Estado con el fin de reducir la especulación inmobiliaria y ofrecer espacios habitacionales a precios más accesibles.

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La crisis inmobiliaria se agudizó en los últimos años. La ciudad que hace cinco años se perfilaba para ser la capital de Europa y se posicionaba como una de las ciudades más baratas para vivir, fue cercada por la especulación financiera y las empresas comenzaron a comprar espacios para instalar sus sedes.

Actualmente, el 80% de los berlineses alquila y se supone que entre 2017 y 2030 la ciudad necesitará al menos 200.000 nuevas propiedades para hacer frente al problema de vivienda.

El miércoles pasado, Berlín dio un segundo paso sobre el problema y compró a las principales inmobiliarias, Deutsche Wohnen y Vonovia, 14.750 viviendas y 450 locales por 2.500 millones de euros (casi 3.000 millones de dólares), con el fin de intervenir en los precios del alquiler.

Estas propiedades serán distribuidas entre las compañías públicas de vivienda de la ciudad y se suman a otras 6.000 casas sociales que habían sido compradas en 2019 a la inmobiliaria Ado Properties.

Para llevar a cabo el referéndum, Berlín logró reunir en pocos meses las 175.000 firmas necesarias, y los últimos sondeos adelantaban una mayoría de votantes a favor de una ley de expropiación.

Esta votación supone un aumento de la tensión ya que la propuesta divide a la coalición que gobierna Berlín: el partido La Izquierda, de extrema izquierda, la apoya firmemente; los Verdes dieron señales contradictorias; y el Partido Social Demócrata la rechaza, al igual que los principales partidos de la oposición.

Quienes quieren que el Senado de Berlín elabore una ley que permita la compra de lo que denominan empresas inmobiliarias "privadas" y que poseen más de 3.000 viviendas, argumentan que sería compatible con la Constitución alemana en virtud del artículo 15, nunca antes utilizado, que establece que "el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización".

De este modo, afirman que las empresas serían indemnizadas a un precio "muy inferior al valor de mercado", según el portal de la radio y televisión pública alemana Deutsche Welle.

Algunos juristas, en cambio, aseguran que si el Senado de Berlín aprobara una ley así, sería objeto de varios recursos judiciales.

Por ejemplo, en abril de 2021, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania anuló la decisión del Gobiernode imponer un tope de alquileres de cinco años en la ciudad.

Jakob Hans Hien, abogado de Knauthe, una de las principales inmobiliarias de la capital, consideró que una ley de expropiación no sería aplicable en Berlín y afirmó que el objetivo de ir solo contra las empresas o particulares con 3.000 propiedades o más no tiene ninguna base jurídica.

Además, aseguró que "una indemnización 'muy por debajo del valor de mercado' sería inconstitucional" porque "las empresas no solo se verían privadas de su propiedad, sino que también sufrirían un daño económico directo".

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