Catalanes presentan proyecto para iniciar separación de España

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A sólo 24 horas de la conformación del nuevo Parlamento catalán, el bloque independentista presentó este martes el texto de una resolución, que pretenden aprobar con su mayoría absoluta, para declarar "solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado independiente en forma de República".

El documento, que cuenta con nueve puntos y fue pactado por las dos fuerzas secesionistas de la cámara regional, Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y la anticapitalista CUP, asegura que el proceso "no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional", un organismo que consideran "deslegitimado".

De esta forma, los impulsores de la secesión de España dejan claro que desobedecerán las resoluciones judiciales que estén dirigidas a abortar el proceso.

En ese sentido, llaman al futuro gobierno de Cataluña a cumplir "exclusivamente" las normas o mandatos que emanen del Parlamento catalán para "blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español".

El presidente español, Mariano Rajoy, anunció que utilizará "todos los mecanismos jurídicos y políticos" para evitar la independencia de Cataluña después de la moción presentada en el parlamento catalán.

En una comparecencia en La Moncloa Rajoy calificó como "acto de provocación" el texto presentado por la coalición el presidente regional catalán, Artur Mas.

"El Estado no renunciará al uso de todos los mecanismos jurídicos y políticos en defensa de la unidad española", dijo Rajoy, que se mostró seguro de que la propuesta presentada en el parlamento catalán "no surtirá efecto alguno".

En el primer punto del texto, los independentistas destacan que tras las elecciones del 27 de septiembre pasado existe un "mandato democrático" que se basa en la "mayoría de escaños de las fuerzas parlamentarias que tiene el objetivo de que Cataluña sea un estado independiente".

Asimismo, sostiene que la apuesta es "abrir un proceso constituyente no subordinado" para preparar "las bases de la futura constitución catalana".

También consideran "pertinente iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública".

Finalmente, los independentistas catalanes expresan su voluntad de iniciar "una negociación" para hacer efectivo el mandato democrático de crear un Estado independiente catalán en forma de República, y lo ponen en conocimiento del Estado español, la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional.

En una primera reacción al nuevo desafío de los independentistas catalanes, el ministro de Justicia español, Rafael Catalá, aseguró que el Ejecutivo español "valorará jurídicamente" cualquier declaración que apruebe el parlamento catalán que suponga un paso hacia la secesión y actuará en consecuencia.

"Si algún grupo político quiere promover una declaración y el Parlamento finalmente la adopta, como ya hizo en el año 2013, lo que haremos será estudiarla, valorarla jurídicamente y, si es inadecuada o incumple el ordenamiento jurídico, la impugnaremos", sostuvo Catalá en declaraciones radiales.

La declaración de los secesionistas está abierta a otras fuerzas, concretamente con la intención de sumar a Catalunya Si que es Pot (Cataluña si que se puede), en la que está integrada Podemos, y el objetivo es aprobarla en un pleno de la próxima semana antes de la primera sesión de investidura prevista para el 9 de noviembre, explicó el diputado de la CUP Albert Botran en conferencia de prensa.

La CUP escenifica este acuerdo con Junts pel Sí pero ratifica su negativa a apoyar la investidura del actual jefe del Ejecutivo catalán, Artur Mas, una figura que consideran que está vinculada a los recortes implementados en Cataluña en los últimos años y a la corrupción.

Al respecto, insisten en que buscan una figura de "consenso" que pueda dirigir el gobierno provisional.

"Hay voluntad de llegar a acuerdos para avanzar en el proceso constituyente y hacia la independencia, pero no se pueden hacer otras lecturas. Este acuerdo no es a cambio de nada", subrayó Botran.

El diputado de la CUP señaló que el objetivo primordial es "hacer valer nuestra voluntad de gobernarnos como pueblo", y reconoció que esto significa "desobedecer" a las instituciones españolas aunque esta palabra que tanto utiliza su formación no figure explícitamente en el texto.

"Nuestra voluntad es que esta sea la última legislatura autonómica", sostuvo por su parte Raul Romeva, diputado de Junts pel Sí.

"Cataluña avanza hacia la conformación de un Estado, ayer hicimos el primer acto con la constitución del nuevo Parlamento y hoy el segundo, con este acuerdo", indicó Romeva.

"Tenemos muy claro cuál es el camino que tenemos que seguir y la reacción del gobierno español no nos desviará", advirtió. "Sólo vamos a negociar en base a nuestro mandato ciudadano", insistió.

La oposición catalana no secesionista no tardó en reaccionar a la presentación de la declaración que pretende abrir un proceso de secesión de España. La diputada de Ciudadanos Inés Arrimadas, líder de la oposición, calificó la propuesta de los independentistas como "un golpe a la democracia".

"Como no ganaron en las urnas lo quieren hacer con una declaración del Parlamento. No contarán con nosotros", sostuvo la diputada catalana.

"La solución pasa por trabajar juntos y dentro de unos meses tendremos la oportunidad de cambiar de paradigma", concluyó Arrimadas, poniendo las elecciones generales de España del próximo 20 de diciembre como escenario de resolución del conflicto catalán.

La presentación de la declaración coincide con un nuevo operativo policial por un caso de blanqueo de capitales y evasión fiscal contra la familia del ex presidente catalán, Jordi Pujol, fundador de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), el partido de Artur Mas, principal impulsor de la secesión.

En plena escalada del conflicto secesionista, la Guardia Civil española también detuvo la semana pasada al tesorero de CDC, Andreu Biloca, en el marco de una causa por corrupción por el presunto pago de comisiones a cambio de contratos públicos que salpica al gobierno de Mas.

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