Chile: la Convención Constituyente aprobó reemplazar al Tribunal Constitucional

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La nueva corte no tendrá control preventivo de las leyes, una potestad muy cuestionada del actual máximo tribunal.

El pleno de la Convención Constituyente de Chile aprobó el reemplazo del actual Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional, que no tendrá control preventivo de las leyes que se tramiten legislativamente ni tampoco hasta su promulgación, aunque las facultades del organismo fueron rechazadas y volverán a la comisión para su revisión.

El control preventivo de las leyes es una atribución actual del Tribunal Constitucional, que le permite declarar inconstitucional una normativa que aún no está promulgada, a solicitud del Congreso o del propio presidente de la República.

La norma de control preventivo, a pesar de haber sido utilizada por diferentes sectores políticos, es criticada porque transforma al Tribunal Constitucional en una virtual tercera cámara legislativa, además de que puede dilatar la tramitación de las leyes, ya que tiene 30 días para analizar algún proyecto.

La Corte Constitucional que propondrá la nueva Constitución de Chile no tendrá el atributo de control preventivo, pero sus atributos completos deberán ser revisados por la comisión respectiva para volver al Pleno nuevamente.

La iniciativa de crear la Corte Constitucional fue aprobada con 108 votos a favor (necesitaba 103), ocho en contra y tuvo 31 abstenciones, por lo que pasa al borrador de la nueva Constitución, que busca reemplazar la carta magna de 1980, escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

El artículo 65 consigna que la Corte Constitucional “es un órgano autónomo, técnico y profesional, encargado de ejercer la justicia constitucional con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución, de acuerdo a los principios de deferencia al órgano legislativo, presunción de constitucionalidad de la ley y búsqueda de una interpretación conforme a la Constitución”.

El actual Tribunal Constitucional de Chile está compuesto por diez miembros, denominados ministros titulares, uno de los cuales es su presidente, mientras que la Corte Constitucional estará integrado por 11 miembros que deben ser abogados o abogadas con más de 15 años de ejercicio profesional.

También excluye de la postulación durante dos años a quienes se hayan desempeñado en cargos de elección popular, hayan sido ministros de Estado o en labores de exclusiva confianza del Gobierno.

Asimismo, sus miembros durarán nueve años en sus cargos, sin posibilidad de reelección y su presidente ejercerá durante dos años, pero el inciso que detalla la designación de sus miembros también fue rechazado y será devuelto a la comisión respectiva.

La entrega del borrador de la nueva Constitución está fijada para el 4 de julio, que posteriormente tendrá que ser aprobado en un plebiscito de salida obligatorio programado el 4 de septiembre de este año.

Este inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.

Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.

El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que están redactando la nueva carta magna.

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