EEUU: un activista británico demandó al gobierno de Donald Trump por temor a ser deportado

Imran Ahmed denunció riesgo de arresto y expulsión tras ser sancionado por Washington junto a otros referentes europeos que regulan a las grandes tecnológicas.

Imran Ahmed presentó una denuncia contra Donald Trump.

El ciudadano británico Imran Ahmed, referente europeo en la regulación del sector tecnológico, presentó una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante un tribunal de Nueva York, al advertir que podría ser arrestado y deportado del país donde reside tras haber sido sancionado por Estados Unidos.

Según la denuncia, el activista enfrenta el riesgo de un “arresto inconstitucional, detención punitiva y deportación” como consecuencia de las sanciones impuestas por la administración estadounidense. El escrito judicial sostuvo que “el gobierno federal dejó claro que Ahmed está sujeto a sanciones” debido a la labor de la organización que fundó y dirige.

Ahmed es el creador y director del Centro para la Lucha contra el Odio Digital, una ONG que analiza las políticas de las principales plataformas de redes sociales y que ha denunciado en reiteradas oportunidades las prácticas de X, antes Twitter, la red social propiedad de Elon Musk.

El contexto de la denuncia

El conflicto se enmarca en una decisión adoptada esta semana por el gobierno de Estados Unidos, que prohibió el ingreso al país y sancionó a varios referentes europeos vinculados a la lucha contra la desinformación y el discurso de odio en línea. Además de Ahmed, las medidas alcanzaron a Clare Melford, directora del Índice de Desinformación Global, con sede en Gran Bretaña.

También fueron sancionadas Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, integrantes de la organización alemana HateAid, dedicada a combatir el acoso digital y el odio en internet. A la lista se sumó el excomisario europeo de Asuntos Digitales, el francés Thierry Breton.

La demanda presentada por Ahmed busca frenar cualquier intento de expulsión y cuestiona la legalidad de las sanciones impuestas por Washington, al considerar que constituyen una represalia política contra organizaciones que promueven controles más estrictos sobre las grandes empresas tecnológicas y sus plataformas digitales.