El presidente d Egipto otorgó poder temporal al Ejército.
El presidente islamista de Egipto otorgó poder temporal al Ejército para que arreste a civiles a fin de asegurar que el referendo sobre la nueva Constitución se lleve a cabo, un proceso visto por los Hermanos Musulmanes como un triunfo para la democracia y como una medida de fuerza por sus detractores.
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El presidente Mohamed Mursi, abrumado por las turbulencias que llegaron a su punto álgido la semana pasada cuando opositores sitiaron su palacio para exigir su renuncia, derogó un decreto emitido el 22 de noviembre en el que se autoadjudicaba más poderes, pero no postergó la fecha del referéndum.
Un nuevo decreto emitido por Mursi tarde el domingo implica que las fuerzas armadas pueden arrestar civiles y derivarlos a fiscales hasta que se anuncien los resultados del referéndum.
A pesar de su naturaleza limitada, el edicto revivirá recuerdos de la ley de emergencia del derrocado líder Hosni Mubarak, también introducida de manera temporal, bajo la cual los tribunales militares o de seguridad estatal juzgaron a miles de disidentes políticos y militantes islamistas.
Una fuente del Gabinete dijo que los ministros habían revisado el decreto la semana pasada, alegando que las tropas habían garantizado las elecciones durante la transición militar tras la caída de Mubarak.
Sin embargo, con un presidente civil al mando, ahora se necesitaba un decreto que les diera a las fuerzas ese rol.
Protestas y hechos de violencia se han sucedido en Egipto desde que Mursi se asignó poderes extraordinarios que, según explicó, eran necesarios para agilizar una problemática transición desde la caída de Mubarak hace 22 meses.
Más allá del resultado del referéndum del sábado, la crisis ha polarizado a Egipto y presagia más inestabilidad en un momento en el que Mursi necesita promulgar políticas severas para estabilizar una economía en estado frágil.
Con la crisis política golpeando las calles, Mursi suspendió aumentos de impuestos el lunes, apenas horas después de que las medidas fueran oficialmente promulgadas y sembrando dudas sobre la capacidad del Gobierno de llevar adelante reformas económicas que forman parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un préstamo por 4.800 millones de dólares.
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