España regresó a clases entre el recelo de los padres y amenazas de sanciones del Gobierno

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Muchas familias temen que los chicos sean vectores de transmisión del covid-19 y, en caso de darse eso, las consecuencias económicas de ser aisladas nuevamente.

Madrid - Los estudiantes españoles comenzaron ayer a regresar a las aulas de forma escalonada en medio de un rebrote fuerte del nuevo coronavirus, protestas de profesores y sindicatos por falta de medidas, inquietud de las familias y mensajes de confianza del Gobierno, que advirtió de sanciones a los padres que no envíen a sus hijos a clase.

“Sin que exista el riesgo cero, porque va a haber contagios, nuestros hijos, maestros y profesionales van a tener la garantía de estar en centros seguros”, aseguró el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una entrevista televisiva, coincidiendo con el inicio del proceso de reapertura de los colegios.

Las regiones de Madrid y Navarra fueron las primeras en abrir algunos centros educativos para los más pequeños el viernes último, pero es entre ayer y el próximo lunes cuando se producirá el regreso masivo de los niños y adolescentes a las aulas en todo el país.

Cantabria, País Vasco, La Rioja, Valencia, Aragón y Murcia tomaron la delantera, mientras Cataluña y Canarias serán las últimas a partir de la próxima semana, cuando más de 8 millones de alumnos deberán volver a las escuelas cumpliendo con medidas sanitarias y de seguridad acordadas por la regiones y el Ministerio de Sanidad español.

En algunos municipios en los que los casos de coronavirus se dispararon y se adoptaron restricciones, las clases se retrasarán, algo que, en palabras de la ministra de Educación, Isabel Celaá, “no tiene ninguna importancia” (ver nota aparte).

El regreso a las aulas en tiempos del coronavirus está marcado por el uso obligatorio del tapabocas para los mayores de 6 años, además del lavado de manos frecuente, la ventilación de las aulas, los grupos educativos “burbuja” -que no se mezclan- y posiciones fijas en comedores y colectivos escolares, entre otras medidas.

Sin embargo, muchos padres hacen sentir su desconfianza.

“Para aprender, tienes toda la vida, pero salud solo hay una”, afirmó Aroa Miranda, madre de dos niños de 8 y 3 años que no irán a la escuela esta semana en Castellón de la Plana (este).

“Con la vuelta al cole, aquí en España, lo están haciendo como un experimento de qué pasara, tipo conejillos de Indias”, agregó con indignación esta desempleada de 37 años.

“Para mi hijo de 8 años intentaré inventar excusas de que está enfermo”, explicó Aroa, quien no inscribió a su hijo de 3 años. En España, la escolaridad es obligatoria de 6 a 16 años.

Para ella, el tapabocas obligatorio en las escuelas desde los 6 años y las medidas de distanciamiento no son suficientes. “Si yo, en mi casa, no puedo reunirme con más de diez personas, no entiendo por qué mi hijo en su clase tiene que estar con veinticinco niños”, señaló.

Desde hace varias semanas, se multiplican las manifestaciones y los llamados de padres exigiendo más garantías sanitarias en las escuelas.

Un sondeo internacional del instituto Ipsos publicado a fines de julio mostró que los españoles van a contracorriente de sus vecinos europeos.

En España, la mayoría de los encuestados se mostró a favor de disminuir el número de clases presenciales y un cuarto de ellos prefería esperar “entre 4 y 6 meses” para que los niños vuelvan al colegio.

Ante la incertidumbre, las autoridades lanzan por igual mensajes tranquilizadores y amenazas de sanciones.

Los niños no pueden vivir en una “burbuja”, señaló el epidemiólogo jefe del Ministerio de Salud, Fernando Simón, acotando que los contagios se pueden “dar en el parque, cuando los niños van a ver a sus primos o por el padre, que se contagia en el trabajo”

En un país donde un cuarto de la población vive con un mayor de 65 años, según un sondeo de 2018, numerosos padres temen exponer a personas de riesgo.

“Quiero respetar la ley, pero entre salvar la vida de mis padres o de mis abuelos, y que mis hijos vayan al colegio, no hay duda”, señaló Pablo Sánchez en el salón de su casa en Madrid, rodeado de sus cinco hijos a los que prefiere no enviar a la escuela.

Aroa Miranda teme las consecuencias económicas de un eventual contagio de sus hijos. “Si nos tenemos que confinar en casa 15 días, porque nos aíslan por culpa del colegio, mi marido no cobrará nada”, explicó.

Mientras, la posibilidad de sanciones es real. El responsable de educación de la región de Madrid advirtió en agosto de penas de “entre uno y tres años de cárcel”.

“Preguntan por las repercusiones jurídicas, es lo que sobre todo preocupa a la gente”, indicó Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos. “No podemos dar una respuesta ahora”, admite Caballero, en medio de la inseguridad jurídica.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, quien encargó un informe al respecto, no descarta sanciones.

“La educación es un derecho del alumno, no de los padres” y “es una obligación de los poderes públicos que ese derecho se satisfaga”, advirtió en una entrevista con el diario El País.

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