30 de septiembre 2025 - 10:07

Google indemniza a Donald Trump con u$s24,5 millones tras la suspensión de su cuenta de YouTube

La compañía acordó un pago millonario tras la suspensión del canal del expresidente luego del asalto al Capitolio en 2021.

Google acordó pagar u$s24 millones tras la suspensión del canal de YouTube de Trump.

Google acordó pagar u$s24 millones tras la suspensión del canal de YouTube de Trump.

Google pagará u$s24,5 millones para cerrar la demanda que Donald Trump presentó después de que su canal de YouTube fuera suspendido tras el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. El acuerdo incluye compensaciones específicas para el expresidente y otros demandantes vinculados a su reclamación, poniendo fin a un conflicto judicial de años.

Según un documento judicial revelado este lunes y difundido por Bloomberg, u$s22 millones se destinarán a la “construcción del Salón de Baile Estatal de la Casa Blanca”. El resto de la indemnización irá a otros demandantes que se sumaron a la demanda de Trump, entre ellos la organización sin ánimo de lucro Unión Conservadora Estadounidense.

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Otros gigantes tecnológicos involucrados

Google se convierte en el tercer gigante tecnológico que resuelve un conflicto legal con Trump tras suspender su cuenta. Facebook, propiedad de Meta, acordó en enero de este año un pago de u$s25 millones y un mes después X (exTwitter), ahora bajo Elon Musk, aceptó un acuerdo de u$s10 millones. Todas las suspensiones se produjeron alegando que las publicaciones del expresidente podían incitar a la violencia durante los disturbios de principios de 2021.

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Estos acuerdos reflejan la creciente presión legal sobre las plataformas digitales respecto de la moderación de contenido de figuras políticas. La disputa pone sobre la mesa temas sobre responsabilidad, libertad de expresión y el manejo de publicaciones que podrían generar riesgos para la seguridad pública.

Impacto a futuro

El cierre de la demanda con Google marca un precedente importante para posibles acciones legales futuras de políticos contra redes sociales, consolidando la obligación de las plataformas de equilibrar la seguridad pública y los derechos de expresión de los usuarios

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