México: el plan de López Obrador para enjuiciar a cinco expresidentes choca contra la Suprema Corte

Un proyecto del máximo tribunal, que será debatido la semana próxima, propone declarar inconstitucional la consulta popular porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia.

El Financiero

Un proyecto de resolución de la Suprema Corte de México propone declarar inconstitucional un plan de consulta popular sobre la posibilidad de juzgar a cinco expresidentes por corrupción, según el documento difundido el jueves y cuestionado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la iniciativa.

Al asumir el poder en diciembre de 2018, como parte de su discurso anticorrupción, López Obrador expuso su interés en que se convocara la consulta y el 15 de septiembre envió una iniciativa con ese fin al Senado, que a su vez lo turnó al alto tribunal, luego de que un exdirectivo de Pemex vinculara a cinco exmandatarios con coimas.

La Suprema Corte difundió en Twitter el proyecto de resolución, elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales -designado por Felipe Calderón, uno de los exgobernantes blanco de la consulta popular- y que resuelve la inconstitucionalidad del plan presidencial.

El documento "será discutido en la sesión del 1 de octubre", detalló. Podrá ser aprobado o rechazado por el pleno del máximo tribunal.

En su argumentación, el ministro apunta, entre otras cosas, que el referéndum vulneraría el debido proceso y la presunción de inocencia de los exmandatarios y restringiría "los derechos humanos y sus garantías", además de que "rompe con el principio de igualdad" de todos los ciudadanos ante la ley de México.

Tras conocer el borrador de resolución, López Obrador pidió a los miembros de la Suprema Corte "que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio". "Que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo", instó en su conferencia de prensa diaria.

El mandatario de izquierda incluyó en su iniciativa a sus antecesores desde 1988, a quienes considera estandartes de un período "neoliberal" con una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos, robos al erario, elecciones viciadas y otras prácticas gubernamentales causantes de inseguridad pública.