Brasilia (Reuters, AFP, ANSA) - Lula Da Silva convocó ayer a la plana política mayor de su gobierno para analizar el caso de corrupción que obligó la salida de un importante funcionario. La estrategia diseñada en la reunión fue tratar de minimizar los efectos colaterales, considerando el hecho un caso aislado, y mantener fuera de este debate las reformas estructurales que la administración del PT se plantea para este año.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La denuncia se basó en un video de 2002 que mostró a Waldomiro Diniz, ex subjefe de Asuntos Parlamentarios de la Presidencia, pidiendo sobornos para financiar campañas políticas a un empresario ligado al juego ilegal. Divulgada por la revista «Epoca», del poderoso conglomerado de medios de comunicación Globo, la denuncia llevó la semana pasada a la salida de Diniz del gobierno, asesor y amigo de uno de los hombres fuertes del gobierno, el ministro de la Casa Civil, José Dirçeu, virtual jefe de Gabinete y mano derecha de Lula.
Tras la reunión convocada por Lula la mañana de ayer, ministros y líderes del PT y de formaciones aliadas salieron a defender la reputación del ministro de la Casa Civil. Dirçeu, otrora guerrillero de izquierda que se entrenó en Cuba con el gobierno castrista y actual defensor de las reformas impulsadas por Lula, dijo que «el gobierno reaccionó inmediatamente, destituyó al funcionario acusado y ordenóque la policía realice la respectiva investigación». «Cualquier otra iniciativa debe ser tomada por la Procuraduría, la policía o el Parlamento», concluyó el ministro, descartando así la formación de una comisión investigadora parlamentaria como pretenden partidos opositores -como el de la Social Democracia Brasileña (PSDB, de Fernando Henrique Cardoso) y el derechista del Frente Liberal (PFL)-.
Para instalar una comisión parlamentaria de investigación son necesarias 27 firmas en el Senado, de 81 miembros, extremo difícil dada la alianza del PT con el poderoso Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría.
Aprovechando la ocasión, intelectuales de izquierda criticaron al gobierno de Lula. El filósofo Emir Sader, profesor de la Universidad de San Pablo, criticó el exceso de pragmatismo del gobierno y sostuvo que «el discurso de Lula no tiene como punto central la ética o la cuestión social».
Lula busca impulsar reformas para flexibilizar las leyes laborales y sindicales del país, así como cambios en el Poder Judicial y el sistema político. En medio del debate sobre Diniz, Lula emprendió una contraofensiva para apurar las leyes. «Las reformas laboral y sindical, política y del Poder Judicial son los principales objetivos del gobierno en 2004», indicó el mandatario en un mensaje que envió al Parlamento, que retomó oficialmente su actividad.
