Los diputados uruguayos en el momento de la votación.
El plan oficialista para eliminar la ley que impide juzgar los crímenes de la dictadura (1973-1985) en Uruguay fracasó en el Parlamento por el voto de rechazo en pleno de la oposición y la abstención de un diputado de la fuerza gubernamental que se negó a acatar la disciplina partidaria.
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Tras más de catorce horas de debate ininterrumpido, el proyecto de ley impulsado por la coalición de izquierdas Frente Amplio (FA) obtuvo 49 votos de 98 diputados que había en la sala, un empate que significa la permanencia de la Ley de Caducidad en el ordenamiento jurídico del país sudamericano.
Esta polémica norma, aprobada poco después del fin de la dictadura en 1986, fue ratificada en 1989 y 2009 por la ciudadanía en plebiscito, lo que no impidió al oficialismo impulsar desde el Parlamento un proyecto para intentar hacerla inaplicable.
La sesión parlamentaria, que culminó pasadas las cinco de la mañana, fue un diálogo de sordos entre los que fundamentaron la eliminación de la ley en la defensa de los derechos humanos y los que consideraron inviolable la voluntad del pueblo expresada en las urnas para defenderla.
Entre estos últimos estuvo el diputado del Frente Amplio (FA) Víctor Semproni, la auténtica figura de la jornada por su anunciada decisión de no apoyar a su grupo político y dejar la sala antes de la votación, evitando así que su grupo mantuviera la mayoría necesaria. Semproni, un ex guerrillero de 74 años que sufrió torturas durante la dictadura, dijo estar "totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo", pero consideró también la iniciativa "poco segura" y "generadora de mayores dificultades".
De haber prosperado el proyecto, decenas de policías y militares que cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura hubieran podido ser juzgados. Sin embargo, la mayoría de analistas consultados por el Parlamento habían advertido también que de ser recurrida la nueva ley habría sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
El FA presentó la votación como la herramienta para eliminar "una brutal violación de la Constitución" y para "devolver el acceso universal a la Justicia" vulnerado por la Caducidad, según el diputado Felipe Michelini, ponente de la moción e hijo del exsenador Zelmar Michelini, asesinado en Buenos Aires en 1976, donde se había exiliado tras la llegada de la dictadura.
Por otro lado, la oposición definió el proyecto del FA como "un grosero intento de pasar por encima de la voluntad popular" expresada en las urnas, como dijo el diputado del Partido Nacional Gonzalo Borasi.
Al inicio del debate en el Parlamento, en el exterior del edificio centenares de militantes pro derechos humanos se concentraron infructuosamente para presionar a los diputados y exigirles que votaran en favor de la medida.
La propuesta que fracasó abrió una grave crisis interna en el seno del FA y del Gobierno izquierdista, cuyos integrantes impulsaron los dos referendos y los perdieron, el segundo de forma más dolorosa pues ya estaban en el poder.
Varios legisladores oficialistas consideraron inconstitucional el proyecto de ley y contrario a la soberanía popular, pero lo apoyaron con su voto por disciplina partidaria, mientras el presidente, José Mujica, expresaba su rechazo a la medida, aunque anunciaba después que no iba a vetarla si finalmente era aprobada.
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