Error en privatización y las indemnizaciones

Opiniones

La dramática situación de Tartagal, un pueblo aislado que ve sus casas desmoronarse por la barranca, presenta varios casos juntos de «fracaso del Estado». Este ha fallado en el monitoreo del río y las condiciones de alerta, en el mantenimiento de la infraestructura, en el manejo de zonas reservadas. No obstante, esto es tan sólo la culminación de una serie de errores que se iniciara con motivo de la privatización de YPF.

Es necesario recordar que Tartagal era, como lo llaman aún algunos de sus habitantes, un «campamento», un pueblo generado a partir de la actividad de una sola empresa. Cuando ésta se privatizó, la nueva empresa decidió cerrar sus actividades en la zona y el pueblo perdió su principal fuente de puestos de trabajo. Los trabajadores fueron indemnizados, pero se cometió entonces un error, cuyas consecuencias algunos están pagando ahora.

A mediados de los 90, comenzaron allí las protestas que darían origen a los « piqueteros». En 1997, en una entrevista, la asesora del entonces ministro de Economía, Carola Pessino, decía que «mucha gente que está ahora en esta situación recibió en su momento indemnizaciones altas y con la ayuda de los gobiernos provinciales o municipales podrían haber pensado en trasladarse a otras áreas». También afirmó: «Nadie quiere que la gente que se quede ahí esté muerta de hambre, y por eso los subsidios. Pero habrá que darles información y capacitación para que sepan que hay otras fuentes de trabajo en otros lugares, y se puedan ir movilizando. Esto lo puedo decir hoy yo, pero lo va a decir mañana la oposición o el próximo gobierno: van a tener que mudarse».

Sin embargo, la gente no se iba. ¿Por qué no se mudaron con las indemnizaciones que recibieron oportunamente? Para obtener una respuesta a esto tendremos que utilizar un poco de teoría económica. Se trata de un concepto empleado en la economía que analiza los costos de transacción, desarrollado por Oliver Williamson y conocido como «especificidad de los activos». En su libro «Las Instituciones Económicas del Capitalismo» (México, Fondo de Cultura Económica) trata precisamente de los «pueblos de compañías» y se pregunta: cuando una empresa se establece en un lugar deshabitado (por ejemplo, una empresa minera), ¿de quién debería ser la propiedad de las viviendas?

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    La respuesta no es tan sencilla como parece. Por lo siguiente: ¿quién va a invertir sus ahorros en construir una casa en un pueblo cuya demanda de trabajo va a depender de una sola compañía? ¿Y si me despiden? Este no sería el peor supuesto ya que podría existir una demanda de viviendas por parte de los nuevos empleados que la empresa contrate.

    Pero también se debe pensar qué sucede si la empresa cierra. En este caso esa demandano existirá. Por esa razón, Williamson sostiene que la empresa deberá cumplir algún papel en el asunto, ya que de otra forma la gente no estará dispuesta a invertir y conseguir personal le va a salir muy caro. Pero eso no es algo que las empresas públicas hicieran oportunamente. Podían atraer trabajadores porque su estabilidad allí estaba garantizada por el hecho de ser empresas estatales... nunca iban a cerrar.

    Esto envió una señal que luego resultó ser falsa. Los trabajadores fueron y realizaron sus inversiones específicas, construyeron sus casas allí, suponiendo, tal vez, o que la empresa estatal nunca iba a cerrar o que si lo hacía, el Estado se haría cargo de ellos. Y en cierta forma fue así, se pagaron esas indemnizaciones. Pero el problema fue otro: no podían recuperar su capital, en muchos casos el único que poseyeran, un capital que se encontraba hundido. ¿A quién le iba a vender su propiedad si ya no había muchas razones para vivir en ese pueblo? Poco a poco, la falta de trabajo empujó a algunos hacia otros destinos, pero otros se quedaron, atados por la nostalgia y por el capital sujeto a la tierra. Quienes dejaban el pueblo lo perdían.

    Lo que debería haberse hecho en su momento, o incluso después, es haber « liberado» a esos trabajadores del capital inmovilizado y la indemnización debería haber cumplido el papel de retribución de la inversión realizada en esas viviendas, ahora sin valor. Pero nadie dijo eso, y hoy en esos lugares siguen demandando que el Estado haga algo, en un lugar donde no solamente no hay trabajo sino que la naturaleza mal manejada termina destruyendo lo poco que queda.
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