Falacias tras la línea de bandera

Hace tiempo que se había abandonado el discurso patriotero y retrógrado de confundir la escarapela con el mundo comercial. Tal vez resultaría más claro el despropósito si, en nombre de la «hotelería de bandera», se estatizara algún hotel cuyos titulares están en el gobierno. El desatino es el mismo cuando se hacen arengas a favor de las aerolíneas de bandera como si se hubiera descubierto la pólvora.

Es de interés recordar que la aeronavegación en la Argentina tuvo sus comienzos con pioneros que se manejaban en el ámbito privado, igual que los primeros aeropuertos, por ejemplo, de Villa Lugano, El Palomar, San Fernando y La Plata, y los vuelos de cabotaje estaban en manos privadas, en algunos casos de extranjeros, como Pan American, hasta que comenzó el nacionalismo estatista en 1946 que en algo pudo revertirse después del 55 con Transcontinental, ALA y Taba. En los 90 se transfirió Aerolíneas Argentinas a una empresa estatal española pero el pasivo quedó en manos del gobierno local (es decir, seguía a cargo de los contribuyentes) y otras canonjías de tenor equivalente.

Como se ha apuntado en reiteradas oportunidades, en el orden internacional se comenzaron a regular los vuelos y las tarifas con el establecimiento de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y luego con la organización de Aviación Comercial Internacional (OACI), donde se insiste en la necesidad de evitar la «competencia ruinosa de las superposiciones».

En realidad, si se quisieran abaratar los costos para los consumidores y mejorar el servicio debería adoptarse una política de cielos abiertos en donde se permita a cualquier compañía aérea de cualquier parte del mundo que sirva los vuelos de cabotaje, con las auditorías privadas tal como hoy ocurre en Estados Unidos, en donde tantas torres de control son actualmente operadas por siete empresas privadas, lo cual ofrece mayor seguridad en contraste con los relatos aterradores, por ejemplo, de las torres de Ezeiza.

Afortunadamente, en nuestro caso muchos aeropuertos son privados (es de desear que la letanía de moda no se extrapole y se aluda a los «aeropuertos de bandera»). Sin duda que si se pretende «privatizar» de modo que Leviatán mantenga las narices en el negocio, pronto la gestión resultará pésima, tal como ha sido el caso en repetidas oportunidades en nuestro país con tejes y manejes de variada envergadura al efecto de buscar pretextos para estatizar.

Tal es el caso de la empresa que ahora nos ocupa en cuanto a las demoras en autorizaciones para subir tarifas, la pretensión inconsulta de incluir en un trasnochado proyecto de contrato la acción de oro para el gobierno y las maniobras para que grupos vinculados al poder cuenten con participación accionaria.

Repaso


Conviene a esta altura repasar los graves problemas de todas las empresas estatales. El inconveniente central estriba en que al establecerse las mismas los recursos correspondientes se deben detraer de otras áreas en las que la gente tenía invertido sus dineros, con lo que se produce un desvío de los campos considerados más urgentes a los que se estima de menor retorno. Este derroche, a su vez, reduce salarios e ingresos en términos reales puesto que las tasas de capitalización resultarán menores. Si, además, la empresa es deficitaria y prestara malos servicios, esto sería un agravante, pero el punto antes señalado queda siempre en pie. Los incentivos no son los mismos en un sector que en otro. Hasta la forma en que se consume café no es la misma con los burócratas que con quienes deben responder a sus accionistas.

El problema de fondo no se subsana convirtiendo la empresaen mixta puesto que, en este caso, el poder de decisión no se comparte: son los representantes de la estructura estatal quienes suelen asumir esa representación, y lo que empeora la situación es que habitualmente se otorgan prebendas a los capitales privados que integran el capital de la empresa. Entonces, a los efectos negativos de la antedicha mala asignación de factores productivos hay que agregar las consecuencias de estos privilegios.

Por otra parte, si la empresa privada -cualquiera sea ésta- incurre en quebrantos debido a una mala gestión, lo peor es que el gobierno intente rescatarla recurriendo por la fuerza a los dineros de la gente. Los cuadros de resultados en uno y otro sentido revelan el termómetro indispensable de los aciertos y desaciertos en mercados abiertos, al efecto de aprovechar los siempre limitados recursos disponibles.

En última instancia, la competencia no es un simulacro ni un pasatiempo. No resulta posible jugar a la competencia. Para lograr este proceso es menester que se opere con todos los rigores del mercado cortando el cordón umbilical con el aparato político. Y si se dice que el directorio de la empresa estatal se comprometerá a no recurrir a los resortes de poder no tiene sentido que se mantenga en el sector político como un disfraz para los negocios. Como ha dicho Woody Allen, en estos casos «los políticos son incompetentes o corruptos... y, a veces, las dos cosas en el mismo día».