¿Censura?
La ex diputada Elisa Carrió reaccionó con artillería gruesa a la querella que le inició el ministro Julio De Vido, quien se consideró injuriado al haber sido llamado «cajero» del Presidente. Acusó al gobierno de ejercer censura de opinión según este teorema: si la persona más allegada al Presidente (el ministro de Infraestructura) querella al jefe de la oposición política (ella), significa que no quieren que hable. «Eso es lisa y llanamente censura.» El propio jefe de Gabinete ha manifestado creer que el principal problema de la administración es la equivocada manera de manejar la comunicación de Estado. Ahora Carrió se va a ocupar de arrastrar al gobierno a un debate en un terreno en el cual ha recibido reproches hasta de organismos internacionales.
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A principios de esta semana, De Vido había radicado la denuncia en el Juzgado Federal 3. Ayer, en tanto, ratificó la acción penal marcando un cambio de postura del gobierno ante Carrió: hasta ahora, se limitaba a respuestas más o menos ocurrentes, más o menos duras, de los Fernández, Aníbal y Alberto.
En ningún momento, Kirchner-respondió a las críticas de la ex diputada, con quien -también estaba Aníbal Ibarra a mediados de 2002 compartió el cartel para anunciar un proyecto compartido de reforma política. Aquel show gestó una incipiente alianza que caducó a poco de andar.
• Desmentida
Pero aunque el Presidente no retrucó, mandó a sus voceros a hacerlo. El jefe de Gabinete fue, algunos meses atrás, el encargado de salir a desmentir las imputaciones de Carrió sobre contribuciones «no declaradas» de la pesquera Conarpesa a la campaña de Kirchner.
De Vido -dolido por la calificación de «recaudador de campaña»-, aunque se llamó a silencio, recurrió a la Justicia para presentar una demanda por presuntas «calumnias e injurias», delito que prevé una pena de entre 1 y 3 años, que por lo tanto es excarcelable.
Ayer, en tanto, ratificó su presentación ante el secretario federal Marcelo Sonvico, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, del porteño barrio de Retiro.
La querella de De Vido coincidió con la desmentida pública que, a través de su vicepresidente Carlos Peña, la empresa Conarpesa hizo sobre las denuncias de Carrió. «Es un trampolín para que Carrió esté en el vox populi», dijo Peña.
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