Tensión CGT - Ginés por los fondos de obras sociales

Política

El malestar es por un DNU y un fondo de $8.000 millones sin repartir. Los sindicalistas acusan falta de voluntad.

El malhumor de los sindicalistas hacia los funcionarios de Alberto Fernández oscila según el día entre el ala política y la económica del Gabinete pero mantiene a uno de ellos en la cima del rencor: el ministro de Salud, Ginés González García, por quien rezongan desde el principio de la gestión por la falta de voluntad para consensuar medidas sanitarias con los gremios y sus obras sociales y, en particular, por el incumplimiento de varias promesas de financiamiento. Así lo expresaron y lo dejaron trascender los referentes de la mesa chica ampliada de la central obrera en la reunión que mantuvieron este martes.

La queja tiene un costado económico y multimillonario pero también otro de índole simbólica. Para la CGT es intolerable el ninguneo al que los sometió González García en el armado de sus equipos en la cartera sanitaria, la administración de los recursos muebles e inmuebles de las prestadoras sindicales y, en el último tiempo, el anuncio y marcha atrás en medidas que habían generado expectativa en la organización.

El martes en la sede del sindicato de la construcción (Uocra) los dirigentes dieron por caído un decreto de necesidad y urgencia que el ministro les había prometido para compensar la caída de recaudación de sus obras sociales por la pandemia, y también la devolución de unos $8.000 millones de pesos que alguna vez cedieron para el sistema público de salud durante el macrismo y que nunca se usaron con ese fin. También se trazó un diagnóstico sombrío relacionado con el volumen de gastos de las obras sociales en lo que va del año en comparación con el de ingresos al sistema, que en sus cálculos arroja un déficit de más de 12 mil millones de pesos.

La discusión por la problemática sanitaria demandó buena parte del encuentro de la veintena de gremialistas que integran el Consejo Directivo y otros que forman parte de grupos por fuera de esa estructura pero que comparten las mismas inquietudes. El informe que presentó José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), principal referente de la CGT en la materia, agigantó un malestar previo que había con González García y que en la ocasión sólo empardó Máximo Kirchner por sus diatribas contra la central obrera.

Lingeri relató que entre enero y julio ingresaron 37.386.123.611 pesos al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), un instrumento que se alimenta de una porción de los aportes y contribuciones a la seguridad social y que atiende mediante reintegros enfermedades complejas, tratamientos de discapacidad y remedios costosos. Y explicó que en el mismo período, la Superintendencia de Servicios de Salud debió pagar desembolsos por 49.907.191.993 pesos, de donde surge un rojo superior a los 12.500 millones de pesos.

La queja sindical pasa porque ese déficit se cubrió hasta ahora con instrumentos financieros propios de las obras sociales sindicales y no del Tesoro, como había comprometido el ministro de Salud a través de un DNU. La mayor parte del desfasaje se compensó de un Fondo de Emergencia que otro decreto de Mauricio Macri había creado en 2016 -como parte de un teórico megaplán de restitución de fondos a los gremios que nunca se cumplió-, es decir de recursos del propio sistema. “Usan las joyas de la abuela” es el lamento que se repite entre los gremialistas para graficar la problemática.

Además del fallido DNU en la CGT protestan por otro anuncio frustrado del ministro: la vuelta al FSR del aporte que la central había hecho a un plan de Cobertura Universal de Salud (CUS) que había lanzado Macri y que supuestamente debía financiar grandes obras de infraestructura y el tejido de una malla de contención sanitaria para los sectores más postergados. Para el CUS la central había cedido en 2016 un total de $8.000 millones de la deuda por más de 30 mil millones de pesos que había acumulado el kirchnerismo y que la gestión de Cambiemos le reconoció apenas asumió. Sin embargo, del dinero aportado los dirigentes dijeron que el gobierno anterior sólo usó una parte para gastos corrientes y otra para un centro de medicina tropical en el norte argentino.

Y a contramano de la promesa de Ginés de restituir al FSR ese aporte, sindicalistas y funcionarios admiten que no se le dio a la CGT participación en el fideicomiso que debe decidir el destino de esos recursos. En esa institución hay dos miembros por Salud, otros tantos por la SSS y dos más por la CGT que, en minoría, ni con Macri ni con Alberto Fernández lograron sentarse a la mesa de las decisiones.

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