Comienza carrera de decretos

El Presidente comenzará a firmar hoy una numerosa lista de decretos para definir los temas pendientes antes de fin de año. Anoche confirmó que hoy lanzará por decreto el plan federal de infra-estructura. El gobierno ya tiene listo el cronograma de obras que se licitarán en enero y marzo de 2001. Pero en febrero se enviará un proyecto al Congreso para aprobar por ley el fondo de garantía que financiará las obras. Al mismo tiempo, entre hoy y mañana, De la Rúa firmará los decretos de desregulación de obras sociales, los vetos al Presupuesto 2001, que estará publicado el viernes, y la conmutación de penas para los presos por el copamiento de La Tablada. Queda en suspenso todavía la negociación por la reforma previsional.

Fernando de la Rúa les confirmó ayer a los gobernadores de todo el país, en la residencia de Olivos, que hoy estará firmado el decreto de lanzamiento del plan federal de infraestructura. Con esa decisión comenzará hoy la carrera de los decretos que el gobierno lanzará para definir los temas que quedaran pendientes para este fin de año. En esa lista también se incluirán los vetos al presupuesto nacional para el 2001 y a otras leyes, la conmutación de penas para los condenados por el copamiento de La Tablada y los dos decretos reglamentarios de la desregulación de obras sociales. Quedó ayer pendiente de resolución todavía el posible decreto de reforma previsional.

Esta fue la negociación más fuerte que mantuvieron ayer durante casi todo el día legisladores de la Alianza, Patricia Bullrich y Jorge Sanmartino, secretario de Seguridad Social, por pedido del propio De la Rúa. Al final de las reuniones, desde el gobierno se reconoció que las posiciones entre el Ejecutivo y el Congreso se acercaron, pero no lo suficiente como para empezar a hablar de una sanción por ley de la reforma previsional.

Negativa

Los problemas para llegar a un acuerdo no parten hoy de los diputados radicales sino de los frepasistas. Mientras el radical Eduardo Santín trabaja de puente entre el Frepaso y el gobierno, María América González encabeza a los socios de la Alianza que se niegan a aceptar la reforma tal como fue ideada por el Ejecutivo.

Anoche el Frepaso seguía negándose a aceptar cambios en la edad jubilatoria de la mujer y en la eliminación de la Prestación Básica Universal. Para intentar calmar los ánimos, Santín le llevó a Bullrich un proyecto de ley donde se unifican las posiciones del Ejecutivo, los radicales y el Frepaso (ver pág. 3). Sobre esa base se discutía ayer una posible solución alternativa a un decreto de necesidad y urgencia. Pero para demostrar su intransigencia con el tema, mientras se negociaba en el Ministerio de Trabajo, los frepasistas volvieron a advertir que pedirán la derogación en el Congreso si el gobierno avanzaba con la reforma previsional.

La situación hoy indica que el gobierno tiene tiempo para tomar una decisión hasta el 12 de enero. Los diputados radicales creen que un acuerdo político sobre los cambios previsionales podría permitir que la Comisión de Legislación Previsional de Diputados emitiera un dictamen de la reforma antes de esa fecha límite.

Con eso creen poder frenar la mano de De la Rúa garantizando un dictamen unánime en la Alianza que, a partir de febrero, prometen convertir en ley.

Pero tanta buena voluntad radical queda condicionada por la posición del Frepaso. Convencer a los diputados frepasistas es una condición ineludible para cualquier intento de frenar un decreto. «Para eso necesitamos que Chacho Alvarez tome una decisión. Es más, es posible que ya la haya tomado. El problema es que todavía no se la comunicó a sus diputados», explicaba ayer uno de los negociadores radicales.

Mientras todo eso sucedía, el gobierno se aseguraba el apoyo de los gobernadores al decreto del Plan de Infraestructura. Después de haber pedido una habilitación de 3 días de sesiones extraordinarias para aprobar infraestructura por ley -«No hay tiempo, en enero comienzan las licitaciones», les contestó De la Rúa-los gobernadores terminaron aceptando la vía del decreto, habida cuenta de que el cronograma de obras públicas es un tema que fue consensuado hace tiempo.

En Diputados, los justicialistas no opinaban lo mismo. La mesa de conducción del bloque PJ acusó a la Alianza de «querer gobernar sin Parlamento» y criticó la utilización de decretos de necesidad y urgencia, una herramienta que, por otra parte, fue más utilizada por Carlos Menem. «El gobierno está tan desesperado por representar ejecutividad que piensa que la confianza se recupera con un decreto. El peronismo va a resistir cualquier medida que intente pasar por alto al Congreso. No podemos permitir que se instale un Fujimori en nuestro país», protestó Humberto Roggero.