Decide hoy la Justicia si hay internas en diciembre

La carrera electoral quedó otra vez cautiva en Tribunales. La Justicia decidirá en las próximas horas si posterga o confirma las elecciones internas del 15 de diciembre y las generales del 30 de marzo. El ministro Jorge Matzkin debe responder hoy un oficio de la jueza María Servini de Cubría sobre un reclamo de un senador por La Rioja que pidió que se vote en esas internas con el padrón general y que no se limite la selección de los candidatos de cada partido a sus afiliados y a los independientes. Esto es lo que decidió el último decreto de convocatoria que ya postergó una vez la fecha de elecciones. El argumento de esa queja de Jorge Yoma es de nuevo los padrones de afiliados de los partidos, nunca depurados desde 1983 y que hoy están abultados con miles de adherentes fantasmales que fueron inscritos sin saberlo ellos para reforzar el dominio de unos sobre otros en los partidos mayoritarios. También en Tribunales debe resolverse una puja más sorda pero inevitable, la entrega de fondos del Poder Ejecutivo a los jueces electorales para poder pagar las elecciones internas que, según la ley, deben ser subvencionadas por el Estado. Como el gobierno sigue enfrentado con la Corte por temas de fondo, es difícil que puedan acordar sobre esta colaboración en lo electoral.

El proceso electoral que prevé internas abiertas para consagrar candidatos a presidente y vice el próximo 15 de diciembre tendrá una definición hoy en el escenario judicial. La jueza electoral de la Capital Federal María Servini de Cubría tiene previsto resolver en las próximas 24 horas dos recursos contradictorios presentados por diversas alas del peronismo.

La decisión que esta jueza tome en torno a esos pedidos -uno, para que se confirmen las elecciones, presentado por el menemismo; otro, para que se declare la inconstitucionalidad del llamado presentado por el antimenemismo-es vista con ilusión por parte del gobierno que hace tracción desde hace dos semanas para que se postergue otra vez el cronograma electoral.

El argumento es político, desde ya, y se basa sobre la necesidad de Eduardo Duhalde de preservar el máximo de autoridad posible durante el mayor tiempo posible, algo que reforzaría una postergación de las elecciones. Un presidente ya débil debería, según esta percepción, convivir entre diciembre y mayo próximo (el 25 de ese mes sería la entrega del gobierno) con candidatos elegidos ya en la calle, algo que aumentaría su precariedad.

En el programa que Duhalde mismo ha escuchado de algunos gobernadores del PJ que sostienen esta postergación se habla de un traslado de las internas del 15 de diciembre a la primera semana de marzo y de las generales del 30 de ese mes al 27 de abril, manteniendo la entrega del gobierno por el actual presidente para el 25 de mayo.

•Objetivo

En ese lapso el peronismo podría lograr su principal objetivo: enfrentar una elección con el peligroso mecanismo del ballottage con su interna ya decantada. Fuera por un acuerdo de precandidatos que hoy nadie ve cerca, fuera por un cambio del sistema electoral para ir a alguna versión de la elección por lemas, fuera por el retorno que sigue alimentando Duhalde de Carlos Reutemann a la pelea por la presidencia.

La postergación la alimenta una idea que ha ganado al oficialismo: que hay un veranito de indicadores saludables de la economía que le da al gobierno aire para que Duhalde siga en el cargo. Los más optimistas creen que eso podría prolongarse hasta el 10 de diciembre.

Los críticos de esa posición, aun dentro del Ejecutivo, insisten en que el veranito sobrevino precisamente porque Duhalde adelantó las elecciones cuando estaba bajo la tormenta que levantó la muerte de dos piqueteros en el puente de Avellaneda.

El gobierno, por su lado, debe responder al pedido de los juzgados electorales de todo el país de los fondos necesarios para llevar a cabo estas elecciones cuya subvención no está prevista en el presupuesto nacional y cuyo gasto está calculado en alrededor de $ 30 millones.

•Paralelismo

Esta vía judicial de resolver las resbaladizas elecciones internas corre paralela a la vía política donde parece haber mayor claridad. El peronismo, partido para el cual se ha montado el andamiaje jurídico de estas internas, juega sus posiciones en una pulseada que no tiene nada que ver con reglamentos, decretos o leyes y, queriéndolo o no, todos los sectores especulan con que aparecerá algún mecanismo externo que frenará la relojería del cronograma que está en marcha.

Eso explica que todas las miradas estén puestas hoy en los tribunales para advertir cómo se comportará cada uno de los protagonistas:

• El personaje clave de las especulaciones es la jueza Servini de Cubría, a quien funcionarios del gobierno le atribuyen la intención hoy de admitir alguno de los reproches que presentó la semana pasada el senador Jorge Yoma a la convocatoria de las internas. El riojano pidió tres cosas: 1) que se vote en las internas por el padrón general, derogando el último decreto de convocatoria que limitaba la elección interna de candidatos de cada partido a sus afiliados y a los votantes independientes. 2) Que se permita a los partidos de distrito que no tienen candidato a presidente o legisladores nacionales a que voten como independientes en esas categorías creando para eso un listado nuevo. 3) Que se dé más tiempo a los afiliados que quieran renunciar a esa condición para recuperar la facultad de votar como independientes (oficialmente caduca el 14, según adelantó este diario).

• Es difícil que el cronograma electoral no sufra una interrupción si la jueza Servini accede a algunos de estos tres puntos que reclama el senador Yoma. Es difícil, además, que la magistrada no satisfaga al menos uno de los tres reclamos del pedido de amparo. Más difícil que la juez mire hacia otro lado y conceda un amparo anterior, pero de signo contradictorio, el que presentó el ex diputado menemista Javier Mouriño y que pide todo lo contrario, que la Justicia ampare la realización de las internas del 15 de diciembre y las generales del 30 de marzo.

• Los delegados del Poder Judicial intentarán hoy ante autoridades del Ministerio del Interior firmar el demorado acuerdo que se suscribe con cada elección para que el Poder Ejecutivo transfiera las partidas necesarias para estos comicios. La novedad esta vez es que la Ley 25.611 de internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos saca por primera vez la elección de los candidatos de la órbita de los partidos y le confía la organización de esa selección a la Justicia. Ya no pesan tanto las previsiones de las cartas orgánicas de cada partido, cuya adaptación a la nueva ley está mandada por el Congreso. De todos modos, la Justicia pide que como en los comicios generales el Ejecutivo asuma gastos que la nueva ley obliga a que los haga, aunque se trate de internas partidarias.

• Esta negociación entre la Justicia y el gobierno por los fondos para las elecciones la llevó adelante siempre la Corte Suprema de Justicia. El conflicto que enfrenta a esos dos poderes ha puesto a las elecciones en la condición de rehén; difícil que se sienten a hablar, por caso Jorge Matzkin con Nicolás Reyes (secretario de la Corte para estos temas) de dinero para las elecciones cuando sigue abierta la amenaza del juicio político. Más cuando un Estado en default suma muchas dificultades a cualquier trámite normal de pago a proveedores. Estos deben venderle al Estado miles de urnas, toneladas de biromes, viandas para fiscales, servicios de informática y fletes de urnas. Todo eso debe pagarlo el gobierno prácticamente al contado y eso hace mucho más difícil cualquier previsión.