Decretos: UCR busca alejarse de Cristina

Cristina de Kirchner creyó encontrar el martes pasado la fórmula perfecta para cumplir con el precepto constitucional de controlar los decretos de necesidad y urgencia que firma el presidente de la Nación. La senadora se mantuvo equidistante entre la postura que habilita la «sanción ficta» del Congreso -ratificarlos por el mero hecho de no expedirse las Cámaras- y la que indica que si en un plazo de 60 días el Parlamento no se expide, el DNU pierde vigencia. La postura de la senadora -sin «sanción ficta», pero tampoco imposición de plazo para tratar los decretos- sonó políticamente correcta en el Salón Illia, donde sesionaba ayer la Comisión de Asuntos Constitucionales. Al punto que el radical Ernesto Sanz no pudo hacer otra cosa más que comenzar su participación celebrando el avance en reglamentar la Comisión Bicameral de los DNU.

La senadora sabía esa noche cómo endulzar el oído de todas las bancadas y bajó a su comisión en una acción coordinada, que incluyó también a la UCR. El radicalismo y el resto de los partidos, incluso Vilma Ibarra, no hubieran aceptado bajo ningún punto de vista que se instituyera la sanción ficta para la ratificación de decretos, una postura que sostuvo Miguel Pichetto, jugando en este caso el papel de «malo de la película» que últimamente le tienen asignado en el Senado.

El radicalismo, por el contrario, pretendía que se fijara un plazo de 60 días para que el Congreso se expidiera sobre un decreto, pasado el cual el DNU pierde vigencia.

Sobre esos temas giraba la discusión de esta Comisión Bicameral que parecía nunca poder constituirse -después de 12 años del Pacto de Olivos y la Constituyente que les dieron entidad constitucional a los DNU-, cuando Cristina de Kirchner hace un mes anunció que se pondrían en debate todos los proyectos sobre control de los DNU.

Opción

Pareció entonces que sorprendía a todos, aunque no fue absolutamente así. Mientras Néstor Kirchner les respondía con sus típicas alocuciones desde el Salón Blanco de la Casa Rosada a quienes criticaban el deterioro institucional, Cristina optó por armar un andamiaje de convalidación legal de uno de los instrumentos más antipáticos y resbaladizos, políticamente hablando, con que se maneja un presidente: los decretos de necesidad y urgencia. A veces son necesarios, pero no urgentes.

Así terminó la labor de una subcomisión especial de Asuntos Constitucionales sin haber llegado a una única conclusión y con los proyectos de Pichetto y el radical Ernesto Sanz como dictámenes de mayoría y minoría. El martes pasado, la propia Cristina de Kirchner apuró los tiempos y ratificó la convocatoria a una reunión de Asuntos Constitucionales para debatir la Bicameral de los DNU. Desde ese momento se sabía que «algo» pasaría: era imposible pensar que la primera dama se mantendría en el proyecto con «sanción ficta» propuesto por Pichetto y que alegremente desconociera lo que ella misma había opinado en 2000 y en 2002 exigiendo ella entonces hasta que los decretos se ratificaran en un plazo de 30 días o quedaran derogados.

El escenario de ayer, a las 18, entonces, estaba preparado bastante de antemano. La senadora por Buenos Aires llegó y en cuanto se reunió el quórum de la comisión sacó de una carpeta su creación: un proyecto que no decía ni lo que proponía Pichetto ni lo que exigía el radical Sanz. Es decir: no existe la sanción ficta -ratificando el artículo 82 de la Constitución nacional-, y, por lo tanto, el Congreso debe votar el rechazo o la aprobación del decreto, pero en lugar de fijar un plazo, se establece que deberá hacerlo inmediatamente después de la comunicación del Ejecutivo. ¿Sorpresa?

Para completar la puesta en escena, Pichetto no estaba presente, y Cristina preguntaba constantemente a sus asistentes: «¿Llegó?», por si alguien dudaba si el jefe de la bancada peronista del Senado se enteraría en ese momento de la nueva propuesta de Cristina.