Diputados y Senado ya gestionan otra doble sesión y por ahora evitan leyes de fondo

Política

La Cámara alta buscará sancionar los proyectos aprobados anteanoche por la Cámara baja, que a su vez intentará aprobar la renovada iniciativa de "economía del conocimiento" y la implementación de recetas digitales.

Mientras se reactiva el jugueteo de iniciativas virulentas en sectores del oficialismo -como por ejemplo, la reforma judicial-, el Congreso ya gestiona otra doble sesión para la semana próxima, con agenda que evitaría trifulcas y potenciales bochornos. Por caso, el Senado intentará sancionar los proyectos votados anteanoche en Diputados, que a su vez buscará aprobar la renovada iniciativa de “economía del conocimiento” -se dinamitó, de manera insólita, una ley macrista que tuvo apoyo de la entonces oposición- y la implementación de recetas digitales.

“La semana que viene vamos con lo de Diputados. El miércoles”, deslizaron anoche a Ámbito Financiero desde un despacho vip del Frente de Todos en el Senado, que comanda Cristina de Kirchner. Las iniciativas en cuestión se refieren a alivios parciales en Ganancias para personal de salud y seguridad durante los meses de pandemia, y la implementación de equipamiento para trabajos en establecimientos sanitarios.

En Diputados -que maneja Sergio Massa- también cranean agenda. “Seguramente se trabaje en las comisiones de Salud y de Comunicaciones entre lunes y martes para habilitar los proyectos de ‘economía del conocimiento’ y las recetas digitales, respectivamente. Y de ahí al recinto lo más rápido posible”, señalaron a este diario.

La preocupación que persiste en el Congreso es el entrecruzamiento de ideas, proyectos y versiones sobre la agenda real del kirchnerismo. El texto que también se quiere resucitar es el nunca visto impuesto a los denominados “ricos”. Las jugosas y resbaladizas operaciones están a la orden del día.

Desde Juntos por el Cambio, principal interbloque opositor en el Congreso, dejaron en claro que “no hay margen para dinamitar” el trabajo realizado en las últimas semanas, que fue la puesta en vigencia de sistemas virtuales para sesionar, tras más de dos meses de cómoda siesta. En especial, en Diputados, donde el oficialismo necesita de parte del antikirchnerismo para el quorum y mayorías circunstanciales.

Lo cierto es que, con la activación del nuevo protocolo, la Cámara baja no tiene ningún impedimento para tratar proyectos de cualquier temática. Hasta anteanoche, sólo se podían presentar iniciativas relacionadas con el coronavirus. En el Senado, la letra del sistema empujado para sesionar de manera virtual es un poco más rígida, aunque la cómoda mayoría cristinista reinterpretaría en caso de apuros.

Qué quiere la oposición

Los diputados y senadores de Juntos por el Cambio impulsan, en ambas Cámaras del Congreso, un combo de tres leyes destinadas a amortiguar el más que castigado -y olvidado- universo pyme. Por un lado, los legisladores sugieren un procedimiento de reestructuración empresaria simplificada (PRES), como alternativa de recomposición crediticia más simple para que en un lapso de 120 días -extensible a 180, como máximo- se genere un ámbito de negociación para acercar a deudor y acreedor.

Según consta en el texto, el procedimiento en cuestión se realizará a través de un sistema informático para evitar juzgados, y la simplificación de procesos involucrará formularios simples y de carácter extrajudicial, con el fin de saltear concursos con altos costos.

La segunda iniciativa modifica la ley de concursos y quiebras para que las empresas tengan acceso al crédito, y para eliminar la prohibición de la empresa concursada de volverse a presentar en un concurso al año siguiente para evitar la quiebra como única opción. Además, los cambios permitirán también que una empresa que haya homologado su concurso, y deba cumplir su propuesta, pueda readecuar la misma a la realidad, como lo permiten las legislaciones de otros países.

El tercer proyecto aspira a promover un mayor acceso al crédito. Para ello, se establecerá una garantía de FOGAR por $30.000 millones para empresas concursadas o que se presenten bajo el régimen de PRES.

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