Duhalde apeló para que haya interna obligatoria

El gobierno apeló ayer, ante la Justicia Electoral, la suspensión de las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias que debían realizarse el próximo 15 de diciembre, pero que quedaron aplazadas por la resolución de María Romilda Servini de Cubría.

La decisión de apelar la emprendió el duhaldismo como parte de un contraataque para mejorar el perfil del presidente Eduardo Duhalde en una negociación dentro del peronismo. «El 'Turco' ganó dos metros con el fallo de Servini y arremetió con todo, llamó a elecciones, reunió al consejo del PJ, nombró junta electoral. Con esto tratamos de empardarle», confesó anoche un alto funcionario del gobierno al explicar la música que acompaña a la confusa letra de la solicitud jurídica. Parte de ese contraataque es el llamado a elecciones internas que decidió, en la noche del lunes, el PJ de la provincia de Buenos Aires.

El abogado del Ministerio del Interior Patricio Amaro presentó un escueto escrito de dos líneas, en el juzgado de Servini, planteando la queja por esa decisión, que la magistrada fundó en la ilegalidad del artículo 7º de la Ley 26.511, que fuerza a todos los partidos a hacer las internas el mismo día.

El argumento de la presentación es que la medida de Servini causa un «gravamen irreparable» en los intereses del gobierno. La complicada prosa jurídica no es mera formalidad: el gobierno repite que está obligado a apelar la sentencia, pero no lo ha podido probar. Dijo, además, que demoraría hasta el límite final los tiempos para ese recurso, como prueba de su desinterés en frenar el proceso electoral, pero lo precipitó ayer, cuando tenía tiempo hasta el 29 de octubre.

Demuestra así, absolutamente, que es un misil político el borrador de la fundamentación que preparan los abogados de Jorge Matzkin para presentar luego de que se admita o rechace la apelación. Ese ensayo dice que la sentencia Servini está viciada porque sólo suspendió la simultaneidad de la elección de candidatos (art. 7º de la Ley 26.511) pero que siguen en pie las demás condiciones que impone esa ley a los partidos: 1) que la interna sea obligatoria; 2) que sea abierta;3) que se haga con el padrón que entrega la Justicia.

Lo más grave de ese fallo, dicen los asesores de Matzkin, es que deja un vacío jurídico que permite que los perdedores de una votación partidaria se presenten después por afuera de su partido de origen como candidatos. Con estos argumentos, el gobierno piensa pelear hasta la Corte Suprema de Justicia, como anunció anoche el viceministro Cristian Ritondo.

•Indicaciones

Servini, en su fallo del 9 de octubre pasado -sobre el cual debe opinar también el fiscal electoral de la Capital-, suspendió la convocatoria hecha por el gobierno e indicó dos cosas: a los partidos, que deben elegir candidatos según el viejo sistema que imponen sus respectivas cartas orgánicas; al gobierno, que sigue vigente la convocatoria a elecciones de cargos nacionales el 30 de marzo. Ese día, ratificó Servini, se elegirán presidente y vice, y en las provincias que así lo dispongan también legisladores nacionales.

Sobre lo que hará la Cámara Electoral a la hora de analizar la legalidad de las internas abiertas, circulan dos percepciones antagónicas: el gobierno insiste en que esa Cámara, integrada por Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné, volteará la sentencia Servini y repondrá el sistema nuevo, votado este año por el Congreso.

El menemismo, por su lado, cree lo contrario. Insiste en que la Cámara confirmará que las candidaturas las tienen que decidir los partidos sin que nadie se inmiscuya en el sistema de sus estatutos.

•Mesa tendida

Los camaristas, por su lado, tienen, como Servini, una metodología implacable. La jueza ha cumplido en no modificar las fechas de las elecciones, fiel a su mensaje de que no decidirá lo que los políticos deben decidir. Lo que sí hizo es tender la mesa para que se discuta esa modificación o confirmación de fechas, algo que hoy depende de las conversaciones Menem-Duhalde.

Los magistrados del tribunal superior, por su lado, están prevenidos de la intención del gobierno de ponerlos como responsables de una postergación electoral. Cuando escuchan al Presidente decir por TV que las presidenciales del 30 de marzo puede atrasarse por decisión judicial, se ven en el espejo de la Corte Suprema, víctimas de cacerolazos organizados no ya por los ahorristas acorralados, sino por ciudadanos que quieren que se vote el 30 de marzo. El gobierno, según esta mirada judicial, busca responsabilizar a los magistrados de una postergación que es funcional a los intereses de Eduardo Duhalde de seguir sentado en la Casa de Gobierno hasta el 10 de diciembre, pero cuyo costo político quiere evitar.

Esto indica una sola cosa: que ningún juez hará nada que alimente la idea de que manejan los tiempos electorales, algo que significa hoy avalar a Servini y dejar que los partidos elijan candidatos a su aire.

•Opciones

El escrito del gobierno puede ser rechazado o admitido por la jueza. Si se lo rechaza, podrá apelar en queja ante la Cámara Nacional Electoral. Si lo admite, el Ministerio del Interior tiene cinco días hábiles para presentar los fundamentos de la apelación. El borrador al que accedió este diario basa el recurso en que el gobierno cree que la Ley 26.511 es buena y que esa forma de elegir candidatos es conveniente para el país.

Pero el tenor de esa fundamentación cambia según sea el tipo de aceptación que haga Servini. Si la admite en forma «devolutoria», sigue vigente la elección de candidatos según el viejo sistema. Si la apelación es admitida en forma «suspensiva», se descompone todo: queda vigente de nuevo la ley de internas abiertas y el cronograma electoral que interrumpió Servini.

Eso implica ya una postergación de ese cronograma aunque en el gobierno creen que no provocará un cambio en las fechas de las presidenciales. Las internas -según ese criterio-pueden postergarse un mes más (hasta el domingo 19 de enero) sin necesidad de atrasar esas presidenciales.