El problema es ahora quién paga

Los abogados del gobierno son los únicos que hasta ahora han anunciado apelaciones a la sentencia de la jueza María Servini de Cubría que el jueves pasado echó abajo el sistema de internas abiertas previsto por la Ley 25.611 para elegir candidatos a cargos nacionales.

Esa decisión la notificó recién el viernes al Ministerio del Interior y se basó en que es inconstitucional el art. 7° de esa norma porque obliga a que las internas abiertas y obligatorias sean todas en el mismo día. Eso, afirmó Servini, viola la libertad que la Constitución les asegura a los partidos para manejarse por las suyas en ese tipo de decisiones.

• Cálculo

La principal novedad del nuevo sistema comenzó en las últimas horas a aterrar a los partidos porque esa ley declarada inconstitucional decía que el Estado se hacía cargo de todos los gastos de los comicios internos. El proceso de estas internas obliga ahora a los partidos a buscar dinero para elegir sus candidatos. Aunque los partidos suelen hacer sus internas con mucho menos dinero que el Estado porque no pagan seguridad, traslado ni escrutinio -faenas que encargan a sus militantes-, se calcula que el PJ deberá conseguir unos $ 4 millones y la UCR alrededor de $ 2 millones.

Difícil cuando hoy el aporte a los partidos por parte del Estado lo paga Interior con cuentagotas y hay partidos como la UCR que pagan los sueldos de los funcionarios del Comité Nacional con los $ 25 mil que ponen como aporte los legisladores nacionales en conjunto. Eso no alcanza para pagar la deuda en teléfonos de $ 150 mil que heredó la actual conducción del anterior presidente, Raúl Alfonsín (eso sólo por la sede porteña de la calle Alsina; la deuda nacional llega a los $ 250 mil).

Ese fallo lo apelará el gobierno pero también se espera que algún particular pida a la Cámara Nacional Electoral la revisión de la medida, que confirmó además la fecha del 30 de marzo para las elecciones presidenciales. El Código Electoral da diez días hábiles para apelar el fallo (cinco para plantear la queja; otros cinco para fundamentarla) y la jueza Servini puede rechazar o conceder el recurso.

• Decisión

En este último caso el expediente pasaría a la Cámara Electoral Nacional pero la decisión de Servini puede abrir dos caminos. Puede admitir el recurso de forma «devolutiva» o «suspensiva»; en este último caso se cancelan todos los efectos del fallo, con lo cual quedaría repuesto el sistema que Servini impugnó.

El gobierno debería retomar el cronograma electoral pero con un retraso importante que podría modificar todos los tiempos de los comicios, incluyendo la elección a presidente del 30 de marzo.

Durante el fin de semana los abogados del gobierno y de los principales partidos se dedicaron a hurgar en las entrelíneas del fallo Servini y concluyeron en que por lo menos hay tres novedades que modifican el panorama de las internas:

1) Ahora las elecciones internas las tienen que pagar los partidos, cuando la Ley 25.611 imponía que las pagase el Estado. Los partidos ahora tienen que buscar millones de pesos para elegir sus candidatos.

2) Los candidatos pueden ir a internas y, si pierden, después pueden ir por afuera. La ley cuestionada decía que sólo podrían anotarse como candidatos los ganadores de una interna.

3) Los partidos no están obligados a cumplir todos con un mismo método de elección. Debe remitirse a su carta orgánica y eso los obliga a reabrir los partidos que la Ley 25.611 había virtualmente apartado del proceso de selección de candidatos.