« Yo no le entregué la renuncia a nadie», anunció ayer el almirante Jorge Godoy, pero trasladó la decisión sobre su continuidad a la ministra de Defensa, Nilda Garré, mientras señaló que «en principio (el espionaje político) se trataría de un hecho aislado». En línea con esta hipótesis, el alto mando naval decidió poner en disponibilidad a todo el personal de la Central de Inteligencia de la Base Naval de Puerto Belgrano que dependía del relevado comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés.
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Los partes de inteligencia secuestrados por el juez federal de Rawson, Jorge Pfleger, muestran que se giraban cada miércoles a Puerto Belgrano y que el destinatario final era justamente Avilés. La escalada sin precedentes en la resolución de la crisis en el seno de la inteligencia de la fuerza tiene otra medida en estudio: el traslado definitivo de las instalaciones de la Base Aeronaval Almirante Zar desde Trelew, Chubut, a la base que la Marina tiene en Punta Indio, provincia de Buenos Aires. La decisión se analizó con el pleno del almirantazgo reunido en el piso noveno, asiento del despacho del director de personal y ahora director de Inteligencia Naval, vicealmirante Salvador Olmedo. El traslado de una unidad es un castigo habitual en las Fuerzas Armadas cuando un escándalo alcanza resonancia pública.
En la base Zar tienen asiento aviones de exploración y de control marítimo esenciales para el resguardo de la riqueza ictícola. Desde allí operan las patrullas aéreas que vigilan el litoral marítimo en búsqueda de pesqueros furtivos. Sorprende la dimensión de las medidas adoptadas por la presión del Ministerio de Defensa a la cúpula naval.
En otros casos de igual repercusión -si no más grave, porque se trataba de relaciones con Chile- como lo fue la incursión ilegal de cuatro militares trasandinos en el consulado argentino en Punta Arenas, la entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet, impulsó la investigación militar y penal sin poner en duda la integridad de todo el sistema de inteligencia del Ejército chileno. El caso terminó con los cuatro militares trasandinos exonerados de la fuerza y una disculpa del presidente Ricardo Lagos a Néstor Kirchner. Claro, ese affaire no ocurrió en la Argentina ni tampoco en una fecha tan sensible como lo es la proximidad del 30° aniversario del golpe militar. Para agregar más carbón a la inestabilidad de Puerto Belgrano, la base más poderosa de la Marina, ayer las comisiones de auditoría de inteligencia designadas por Defensa encontraron dificultades en los accesos por piquetes de trabajadores nucleados en ATE.
Ese gremio tiene presencia diaria en la vida de la base tanto en tareas de funcionamiento como de mano de obra en los arsenales navales que reparan buques, como el rompehielos británico Endurance. El conflicto larvado también roza al almirante Avilés, que tiene responsabilidad en los reclamos que encausaron desde hace tiempo los trabajadores. Casi simultáneamente, un grupo de sindicalistas del mismo gremio se reunía ayer con la ministra Nilda Garré para reclamar un aumento salarial.
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