Finalmente se derogan todas las jubilaciones de privilegio

El bloque de senadores peronistas decidió ayer derogar todos los regímenes especiales, más conocidos como jubilaciones de privilegio, sin exceptuar al Poder Judicial. Hasta ahora los senadores estaban dispuestos a establecer un régimen especial para los jueces y pedirle a Eduardo Duhalde la presentación al Congreso de una nueva ley que fije un marco general para las jubilaciones especiales. Pero el peso de los medios pudo más. Atemorizados por aparecer ante la prensa exceptuando a los magistrados de la eliminación de sus beneficios especiales, los senadores decidieron ratificar lo votado en Diputados. Para el gobierno, en realidad, puede significar otro conflicto político-judicial. Es sabido que la Corte Suprema mantiene un criterio desde hace años opuesto a eliminar las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial. En el fondo se mantiene otro conflicto. Los senadores decidieron votar el mismo proyecto que Diputados, que fue enviado por el Ejecutivo, para no ser quienes paguen el costo político de introducir reformas y excepciones, que incluso fueron pedidas, pero en secreto, por el propio gobierno.

El bloque de senadores del justicialismo decidió ayer votar sin modificaciones el proyecto de ley, con media sanción de Diputados, que deroga las jubilaciones de privilegio y establece un tope para esos haberes de 3.100 pesos. Hasta ahora la opinión de la bancada era introducir modificaciones al proyecto, excluyendo de la eliminación de los regímenes especiales a la Justicia, y consagrar un esquema que confirmara la derogación de las jubilaciones especiales sobre todo para el sector político. Con la decisión tomada ayer se crea un nuevo conflicto político-judicial para el gobierno, ya que el Poder Judicial con seguridad seguirá insistiendo en mantener su postura histórica en este tema, es decir buscará declarar inconstitucional la ley por afectar la intangibilidad de sus ingresos.

Los senadores consideran que están pagando un costo político por una decisión que el Ejecutivo envió al Congreso. El proyecto incluyendo a los jueces en la eliminación fue enviado por el gobierno, en Diputados fue aprobado casi sin oposición, pero los juristas tienen suficientes reparos como para justificar modificaciones que prevengan en el futuro una segura ola de juicios contra el Estado. El problema es que, según reconocen los senadores, la presión mediática en el tema es tal, que ahora no quieren aparecer frenando un proyecto cuando ni los diputados ni Eduardo Duhalde reconocieron los errores de la iniciativa.

Es más, nadie esconde en el Senado que después de haber enviado el proyecto al Congreso, el Ejecutivo mandó un emisario pidiendo que se eliminara a los jueces de la poda en las jubilaciones.

Si bien hasta ayer la mayoría del bloque sostenía la postura de modificar el proyecto y devolverlo a la Cámara baja, en una reunión realizada por la tarde se analizaron propuestas alternativas como la de proponerle un veto parcial al Poder Ejecutivo y elaborar un proyecto de ley correctivo del que se aprobaría.

Los senadores escucharon en las últimas tres semanas las opiniones de los representantes de magistrados, de diplomáticos, de obispos y de los propios legisladores, en la voz de los senadores y diputados con mandato cumplido. La idea de la mayoría José Luis Gioja de los senadores pasaba por excluir a los jueces del recorte a sus jubilaciones.

Entre los defensores del régimen especial se encuentra el peronista José Luis Gioja, el santafesino Oscar Lamberto y el radical Raúl Baglini. Este último dejó aclarada su posición: «Quien quiera mantener las jubilaciones de privilegio, debe votar con las dos manos el proyecto venido de Diputados. El proyecto de Diputados va a ser declarado inconstitucional por cualquier juez de paz, según lo que se desprende de las consideraciones de todos los constitucionalistas especializados en la materia».