Gobierno usará base de datos ANSES para su comunicación

En una polémica resolución, la Secretaría de Comunicación de la Nación tendrá acceso a todos los datos personales que figuran en las bases de datos del Anses con el objetivo de mejorar su estrategia de comunicación. La decisión polémica ya generó malestar en varios referentes de la oposición que denuncian que se viola la ley de protección de datos personales y en las redes sociales.

Así se estableció en un "convenio de cooperación" firmado entre la Secretaría de Comunicación Pública y el Anses, publicado este lunes en el Boletín Oficial, "ad referéndum" del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.

Mediante este convenio "se establece el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información contenida en las bases de datos", para lo cual el Anses remitirá "periódicamente" a la Secretaría información que incluye nombre y apellido; DNI; CUIT/CUIL; domicilio; teléfonos; correo electrónico; fecha de nacimiento; estado civil, y estudios.

Según se informó, el objetivo de la medida es hacer llegar los mensajes del Gobierno a la población de modo directo "a través de las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo".

Para ello, el convenio entre las dependencias de Jorge Grecco y Emilio Basavilbaso subraya que la información que se obtendrá no reviste carácter de "sensible" y que no pone "en riesgo la intimidad o el honor de los titulares del dato", aunque se contemplan medidas de seguridad para "prevenir la adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado", al tiempo que las partes "se obligan a mantener la más estricta confidencialidad".

"Los datos obtenidos sólo serán utilizados con el fin de llegar a la población con información de acciones de gobierno y con mensaje de utilidad pública que le resulten de relevancia, procurando en este punto lograr la mayor precisión posible", indicó el texto oficial.

Según se indicó en los argumentos del convenio, "resulta esencial para el Estado Nacional la identificación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública".

"A los fines de cumplir con las competencias asignadas a Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, resulta necesario contar con herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas con el organismo dador", se indicó en el texto oficial.

Se advierte, además que este convenio "se adecua" a los principios sentados en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en tanto "específicamente establece que en el caso que la cesión de datos se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa y en cumplimiento de sus específicas competencias no se requerirá el consentimiento previo del titular de los mismos".

"El intercambio de información contribuirá también a promover el desarrollo, la modernización y la economía administrativa integral, en donde los recursos y procedimientos técnicos sean aprovechados y aplicados con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia, austeridad y celeridad en beneficio de los administrados", se indicó en el acuerdo firmado el pasado jueves y que se extenderá por dos años, con la posibilidad de ser renovado.

Una de las primeras repercusiones fueron del diputado nacional por el FpV Andrés Larroque quien escribió en Twitter que "el Gobierno (más precisamente su área de Comunicación) contará con la base de datos de la ANSES", escribió por Twitter y agregó: "Independientemente de que la Ley 25.326 de Protección de Datos de las Personas prohíbe la difusión de datos sensibles de los ciudadanos, nos preguntamos ¿para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, dirección, DNI, CUIT o CUIL? ¿Y nuestro teléfono? ¿Nuestro Email?".

Asimismo, recordó que la campaña en contra de Daniel Filmus en la previa de las elecciones a jefe de Gobierno de 2011 en la que se involucró a su padre "fue realizada con una base de datos similar". Por dicha causa el asesor del PRO Jaime Duran Barba resultó procesado.