Intendentes frenaron los foros "arslanianos"

Felipe Solá «negoció» ayer, con intendentes del PJ, la UCR y el vecinalismo, una serie de retoques al Plan de Seguridad de León Arslanian. El más importante: foros vecinales estarán bajo el poder de los jefes comunales.

Con el soporte de Felipe Solá, los intendentes del PJ lograron ayer torcerle el brazo a León Arslanian: serán ellos, y no los foros vecinales de seguridad como pretendía el ministro, los únicos autorizados para designar, mantener en sus cargos o remover a los jefes policiales.

Ese revés, que detonó en el corazón de su reforma al someter a los foros al poder de los intendentes, eslabona conflictos que en los últimos días hicieron blanco en Arslanian: un forcejeo con otro ministro y las cada vez menos ocultas maniobras dentro de la Policía.

Cuando cumplió, el 13 de mayo, su primer mes como ministro, Arslanian anticipó que en 2007 los comisarios de las ciudades con menos de 70 mil habitantes serían elegidas por los foros de seguridad. Ayer, los intendentes, en sintonía con Solá, abortaron esa idea.

Tampoco, en esa misma línea, los foros de seguridad tendrán los «superpoderes» que el ministro, junto a Marta Arriola, proyectó para esos núcleos. En rigor, ahora Arslanian propone que por ley los intendentes sean designados directamente como presidentes de los foros.

Y, para completar el circuito, el propio Solá ratificó ayer ante la tropa de caciques del PJ que la Policía Comunal, planificada como un «traspaso compulsivo» a todos los municipios con menos de 70 mil habitantes, será «opcional».

Logró así el peronismo del interior imponer su criterio: sólo habrá Policía Comunal en la medida que no haya, con auspicio oficial desde La Plata, un poder paralelo al del intendente. Ese poder paralelo lo conformarían, según la óptica de los caciques, los foros de seguridad.

Solá recibió a los jefes comunales con Graciela Giannettasio, Arslanian, Arriola y los ministros de Gobierno, Rafael Magnanini, y de Justicia, Eduardo Di Rocco. Además participaron Juan Garivoto y Juan Amondarían, jefes del PJ de Diputados y del Senado de Buenos Aires.

Alfredo Meckievi ( Dolores), Gilberto Alegre ( Villegas), Andrea García ( Ameghino) y Juan De Jesús (Partido de la Costa) se turnaron, entre otros, para desplegar sus planteos al modelo Arslanian. Todos expresaron su respaldo a Solá que luego recibió a radicales y vecinalistas.

Quedaron, básicamente, dos planteos:

• Que la reglamentación de la Ley de Policía Comunal fije expresamente la responsabilidad del intendente para nombrar o remover a los comisarios de su ciudad y determinar la estrategia de lucha contra el delito, pero sin « responsabilidad operativa» -»No quiero ser gerente de la Policía y tener que decirle a cada efectivo qué tiene que hacer», explicó un intendentesobre la fuerza.

• Que la ley sobre Foros de Seguridad indique que será el intendente el presidente de ese cuerpo y que explicite que su función será la de «sugerir o proponer» políticas de seguridad pero no definir las mismas ni, muchos menos, designar o remover a los jefes policiales.

En otro tramo, surgió un ítem que tensó el poco fluido vínculo entre Arslanian y Di Rocco. El primero hizo circular la semana pasada un plan para descentralizar las fiscalías. Di Rocco, que planea agregar 78 fiscales, lo frenó en seco: «No hay que policializar la Justicia».

Para evitar más sangre medió Solá, que hoy se reunirá con los 10 fiscales generales de la provincia.

Pero mientras el gobernador escuchaba esos planteos en La Plata, en una quinta del sur del conurbano, un grupo de comisarios expulsados de la fuerza, nucleados en Los Sin Gorra, gestaban su retorno a la «acción» para oponerse al plan del ministro que, seis años atrás, los echó de la Policía.

• Repudio

Logró Arslanian que los clanes de retirados, antes dispersos, se unifiquen para repudiarlo: el gremio Apropoba, el Círculo de Oficiales y el Centro de Retirados, además de Los Sin Gorra y otro sector autodenominado Los Pata Negra, hicieron ahora causa común.

Ayer, un puñado apareció por la Legislatura para operar en contra de la sanción de una ley, enviada por el ministro, que quita a los uniformados el manejo de la Caja de Retiros de la Bonaerense, su obra social y un Fondo de Ayuda, que surge del aporte de 1% de los efectivos en actividad y retirados.

En esos sillones, según se quejan los retirados, Arslanian pretende sentar a administradores civiles para controlar y auditar el destino de los fondos. En la Legislatura, el PJ avisa que ésa será la última ley (de un paquete de 8 textos) que analizarán.

Por las dudas, los retirados (suman unos 15 mil en toda la provincia) prometen movilizarse hasta La Plata para impedir que ese escrito se convierta en ley.