Intenta Solá arrimar a los intendentes con Arslanian
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Felipe Solá
Anoche, el cacicaje llegó incómodo por los dichos de Arslanian que en un reportaje insistió con que «algunos intendentes» están en «connivencia con el delito». Es la versión 2004 de la acusación que dos años atrás disparó Marcelo Saín.
Solá, como toda respuesta, les pidió comprensión. Y tiempo. Los intendentes pretenden más: o que calle Arslanian o que emita algún gesto de respaldo hacia ellos. Sino, entienden con lógica primitiva pero implacable, el silencio del gobernador supone que avala las acusaciones de su ministro.
Igual, por la tarde, Curto se reunió con Arslanian en Capital Federal -ayer el ministro no fue en todo el día a La Platapara abordar ese tema. El ex jurista juró y perjuró que no dijo lo se le atribuye haber dicho: que en ningún momento habló de connivencia política con el delito.
El metalúrgico de Tres de Febrero le creyó -o aparentó creerle-y por la noche salió en defensa del ministro. Hubo al final un perdón general, entre gruñidos y con fórceps, cuya cotización es para Solá todavía impredecible.
Sobre todo porque algunos se molestan fácil: uno se pasó la tarde quejándose porque el ministerio de Arslanian difundió una serie de estadísticas sobre delitos violentos que, interpretó, dejaban «mal parado» a su municipio.
Por esa sumatoria reina entre los peronistas una sensación de malestar creciente. Las declaraciones de Arslanian -luego desmentidas en privado por el ministro-se acoplan a otro tema que tensionó el vínculo entre Solá y los jefes del PJ: la denominada ley de fueros para los intendentes.
Ese proyecto, que escribió Antonio Arcuri, fue avalado por Duhalde pero rechazado por Solá, que hasta anticipó que vetaría la ley en caso que la apruebe la Legislatura.
No es casual el reverdecer de ese tema: volvió a escena como consecuencia de la versión que dejaron circular en los últimos días voceros de Olivos respecto de la existencia de «elementos» para «enjuiciar» a un puñado de dirigentes bonaerenses.
La llamada Ley de Fueros otorgaba a los intendentes un handicap judicial: los fiscales no podrían ordenar su detención sin antes concluir una investigación preparatoria que aportara datos sólidos a su denuncia. Solá se opuso por considerar que se trataba de un acto de impunidad.
Y los intendentes, espantados por el caso Cariglino -Jesús, intendente de Malvinas Argentinas, que estuvo varios días detenido a fines de 2003- buscaron un escudo salvador que Solá les negó.
Ahora, con el ruido de las alturas por los topetazos entre Kirchner y Duhalde, y la amenaza latente de Arslanian, están obligados a replantear aquella idea.




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