Jueces temen ser excusa para suspender internas

No lo reconocerá ninguno de los protagonistas, pero la acordada de los camaristas Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera le cayó al gobierno como una declaración de guerra. Los jueces creen, por su parte, que el Ejecutivo quiere cargarlos con el peso de las innumerables tribulaciones del proceso electoral. Se ven en el espejo de la Corte Suprema, contra la que azuzó el gobierno los cacerolazos de los ahorristas que reclamaban contra el «corralito» y temen que un fracaso de las elecciones los convierta en víctimas de la bronca pública.

El último decreto de convocatoria incluyó, además, un artículo que los responsabiliza de solucionar cualquier inconveniente que se produzca hasta los comicios en la aplicación de este sistema inédito hasta ahora de las internas abiertas. «Los experimentos se hacen con soda, no con champagne», ironizó ayer un baqueano en estos trámites recordando la frase de un ministro del español Felipe González.

El sistema que instauró la Ley 25.611 de internas abiertas, obligatorias y simultáneas para todos los partidos en las selección de candidatos en realidad satisfizo un viejo sueño de los jueces: que las elecciones las hiciese totalmente la Justicia y no el Poder Ejecutivo.

No creyeron que iban a quedar tan comprometidos con las marchas y contramarchas de las reglamentaciones superpuestas para encauzar estas internas de acuerdo con la conveniencia del gobierno.

• Postergación

Los jueces saben, antes que nada, que el gobierno no quiere estas internas abiertas y que está buscando que sea la Justicia la que interrumpa con algún pretexto el cronograma electoral. Los voceros del oficialismo manifiestan abiertamente que el principal proyecto es hoy postergar las elecciones del 15 de diciembre, trasladarlas a marzo próximo por lo menos, abrir el espacio para barajar nuevas alianzas y, según un sector muy cercano a Eduardo Duhalde, hasta promover el regreso de Carlos Reutemann a la pelea presidencial.

El argumento para que no haya internas dentro del peronismo parece imbatible: el PJ no tiene junta electoral. La que designó en 1998 la mesa que conduce Carlos Menem (consejo nacional) terminó su mandato; la conducía el diputado nacional por La Pampa Manuel Baladrón, y el secretario era el actual asesor presidencial, Juan Carlos Mazzon. La que nombró el año pasado en Lanús el congreso que conducía Duhalde nunca se constituyó formalmente.

Hoy, ni Menem ni Duhalde pueden hacer creíble alguna decisión del consejo o del congreso. Eso traslada, de acuerdo con el decreto de convocatoria a las elecciones, toda la responsabilidad de la junta electoral al juzgado de Servini de Cubría. La norma prevé que cuando una junta electoral no se pueda reunir esas tareas pasan a la Justicia.

Nada más lejos de la intención de los jueces electorales, sin embargo, en ponerse a resolver entuertos políticos y en ese criterio casi de jurisprudencia descansa la confianza del gobierno en que no habrá internas en diciembre.

Pero un gobierno al que casi nada le sale bien encuentra problemas en todo; sea para hacer o para deshacer una elección cuyos tiempos ya están en marcha. «Montaron una bomba y perdieron el código para desmontarla», se bromea en el Ejecutivo. Por eso, todos los abogados de Interior se concentraron en estudiar las entrelíneas de todos los oficios judiciales que tienen que responder dentro de los tres días a partir de ayer para ver si alguno da espacio para producir el congelamiento de las elecciones:

1) La jueza María Servini de Cubría trasladó a Interior el reclamo del senador riojano Jorge Yoma de que los afiliados de los partidos de distrito puedan votar en las internas de otros partidos en el orden nacional. En caso de que eso no se admita, reclama que se extienda el plazo de desafiliación que venció el pasado 6 de setiembre y el que rige hasta el próximo 29 para denunciar falsas afiliaciones en los padrones. El gobierno responderá, seguramente, que el caso lo debe plantear Yoma en el juzgado electoral de La Rioja. Este, creen en el gobierno, es el que decide quiénes votan o no en el padrón de esa provincia.

2) Otro escrito que está desde ayer en gobierno traslada el reclamo de los apoderados de Menem de que se cumpla efectivamente el cronograma sin demoras ni interrupciones. El fundamento de este pedido de amparo de Javier Mouriño y Lelia Chaya es que los voceros del gobierno se han dedicado a acumular argumentos favorables a la interrupción de las internas. Interior responderá que formalmente se están cumpliendo las previsiones necesarias para que haya elecciones.

3) La acordada de ayer comenzó a ser respondida por el gobierno en cuotas. Uno de los oficios comunicó que están a la firma del Presidente los decretos para contar con el dinero y las contrataciones, la creación del Comando Nacional Electoral, y que se está negociando con el Correo el movimiento de urnas. Con los mismos argumentos de la respuesta a Servini en el reclamo del menemismo, le dirán a la Cámara Electoral que no hay ningún indicio de que no se esté cumpliendo con el cronograma.

El telón de fondo de esta comedia de las internas que todos prometen y casi nadie en el peronismo quiere no es sólo la puja política. También hay una pulseada entre magistrados que se toman examen unos a otros. Los jueces electorales con más comicios sobre el lomo miran con celo los movimientos de los camaristas electorales Dalla Vía y Corcuera, que accedieron a sus cargos tras los primeros concursos que hizo el Consejo de la Magistratura. Tuvieron las mejores calificaciones pero los jueces -y también los políticos- quieren medirlos ahora en el primer desafío de experimentar con el nuevo sistema.