30 de julio 2021 - 00:00

Intensa agenda judicial posferia (durará hasta las elecciones)

Corte tiene temas relevantes. Dos juicios continúan y se despejará incógnita acerca de si se anula o no el caso del Memorándum con Irán, clave para el segundo semestre. Contrabando a Bolivia, espionaje ilegal y Correo ensombrecen el panorama de un Macri retirado de la contienda electoral.

Mauricio Macri y Cristina Caamaño
Mauricio Macri y Cristina Caamaño

El próximo lunes a las 7.30 se reanudará la actividad judicial tras el receso de invierno en tribunales. La agenda que interrumpió la feria continuará con los procesos que habían quedado por resolver y se intensificará en el sprint final hasta las elecciones PASO. Como en cada año impar, los tribunales tienen como uso y costumbre ceder protagonismo a la contienda electoral, pero antes deben descargar inventario. Ya durante los primeros días habrá movimientos en la causa Memorándum con Irán, donde se debe cumplimentar la segunda parte de la audiencia en la que había expuesto Cristina de Kirchner pero sobre todas las cosas, el Tribunal Oral Federal N°8 deberá definir si da curso a las nulidades solicitadas por las defensas y dejan sin efecto el juicio, lo que sentaría un precedente que podría arrastrar otros procesos de similares características.

Si el monopolio de la actividad judicial durante la feria lo tuvo la investigación –hasta ahora preliminar- por el supuesto contrabando agravado de material bélico a Bolivia, la actuación del fiscal Claudio Navas Rial y la del juez Javier López Biscayart comenzará a arrojar, tras el cotejo de las medidas de prueba, las citaciones a declaración testimonial que pueden robustecer la hipótesis delictiva. Y también marcará el debut en la intervención de la Cámara en lo Penal Económico ante la cadena de apelaciones de Mauricio Macri para evitar la declaración de gendarmes en sede administrativa del Ministerio de Seguridad. Si ese incidente es el primero en escalar, la Casación y luego la Corte serían las instancias siguientes.

La agenda de la Corte Suprema tiene varias brasas calientes cuya definición no fue despejada antes del receso de julio y por ende, y gracias a que se dilató un poco el cronograma electoral, deberán desembarazarse de algunos expedientes. Es un misterio si el tema de la quita de la coparticipación porteña –como ejemplo de caso de impacto político- puede llegar a tener el mínimo de tres votos. En el medio del proceso electoral se va a dar también el recambio de autoridades en la Corte, donde comenzó el ruido extramuros pero no ha sido tema de intercambio entre los cinco ministros, en definitiva los que votan sus autoridades.

También tendrá su capítulo el espionaje ilegal que se inició en Lomas de Zamora. Tras el pasaje a Comodoro Py y el minué de recusaciones y excusaciones en la Cámara Federal, ya con su integración más o menos emprolijada, deberá resolver acerca de los 28 procesamientos dictados por el juez Juan Pablo Augé. Pero además definir si valida la falta de mérito para el exsecretario presidencial Darío Nieto (hoy precandidato a legislador porteño por Juntos) y sobre todas las cosas, la eventual utilización de las pruebas surgidas de su teléfono celular que había sido secuestrado al comienzo de la pesquisa por el juez de Lomas Federico Villena. Los registros, pese al borrado, habían sido recuperados y comenzaron a nutrir de elementos probatorios otros expedientes. Nieto objeta que no pudo controlar la prueba y la justicia ya validó que el método de recuperación de esos elementos no es equivalente a un peritaje. Eso también deberá ser parte de una definición en las siguientes semanas.

Mientras que el caso Correo Argentino fue noticia en su faceta penal pero también en la comercial, por la declaración de quiebra de la compañía comandada por el clan Macri, el último semestre lo consumirán dos procedimientos. El que debe revisar esa declaración de quiebra de la jueza Marta Cirulli, cuya decisión se mantiene en suspenso por la apelación (es decir que no se ejecuta), es la Sala B de la Cámara Comercial donde está previsto que asuma una tercera jueza para cubrir una vacante. Pero del mismo modo podría (y es un interrogante porque hasta ahora ha avanzado en slow motion) tener algún tipo de movimiento el expediente penal a cargo del juez Ariel Lijo, por el acuerdo ruinoso que se habría firmado a mediados de 2016 y que terminó siendo un delito denunciado por la fiscal Gabriela Boquín. La declaración de quiebra recoge los principales conceptos de Boquín en cuanto a lo perjudicial que era ese acuerdo para el Estado, con Macri presidente y beneficiario por su familia, y además Lijo recibió un informe de la Dajudeco que ratifica que la presunta negociación que derivó en ese acuerdo de 2016 tenía una quita fabulosa de la deuda que Correo tiene con el Estado. Un panorama que podría no ofrecer claridad para Oscar Aguad (que logró estirar dos años su eventual procesamiento tras ser indagado) y que eventualmente podría escalar hacia Macri.

El tramo que la jueza María Eugenia Capuchetti dejó bajo investigación acerca de los vacunados VIP, la continuidad del juicio oral por Vialidad (resta la declaración de los exjefes de Gabinete que Cristina pidió que fuesen presenciales) y el tramo final del juicio Oil Combustibles marcarán los hitos en cuanto a juicios orales, más allá de la incógnita que se despeje con Memorándum. La jueza María Servini –además de la faceta electoral- deberá atender lo que suceda con la interventora de la AFI Cristina Caamaño respecto a la difusión (en el marco de la causa de Lomas) de las actas de la AFI que revelaban nombres de agentes y que habían pedido que queden bajo resguardo.

El último tema tiene también repercusiones internacionales. Y es que vence el plazo para que la Comisión de Refugiados defina si considera un “perseguido” a Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exiliado en Uruguay para evitar ser alcanzado por la Justicia en una causa por asociación ilícita y hostigamiento al Grupo Indalo y sus accionistas. Se deberían cumplimentar los 90 días de rigor (que en teoría iban a ser más ágiles) para que esa justificación caiga y el pedido de extradición que disparó Servini comience a tener efecto para asegurar su comparecencia en el país. “Pepín”, para la Justicia argentina es rebelde y evitó una indagatoria por lo que se encuentra inhibido, embargado y con pedido de captura de Interpol.

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