2 de mayo 2002 - 00:00

"No hay plan porque no creen al gobierno"

Eduardo Duhalde se anocheció ayer colgado al teléfono. Recorrió el espinel de los senadores advertido de su última tribulación: esa cámara le puso un precio altísimo a la sanción del proyecto de derogación de la figura penal de la «subversión económica». La iniciativa es percibida por los organismos financieros internacionales como la cláusula antinegocios intolerable, más si se la usa para detener banqueros en una Argentina que cometió, al decir de sus voceros, una estafa a nivel internacional al declarar el default.

Junto a la modificación pro acreedores de la Ley de Quiebras, esa derogación de la figura penal creada en 1974 por el gobierno de Isabel Perón, con las condiciones que el FMI le pone en estas horas al país para negociar un ya dificultoso acuerdo de ayuda.

Lo recordó ayer Rodolfo Lavagna, que debutó en las reuniones de gabinete reforzando esa imposición con tonos dramáticos. «El país se comprometió en los 14 puntos pero en realidad hoy son dos, si como parece el tercero del acuerdo con las provincias va hacia adelante», describió el ministro luego de leer la lista del equipo de colaboradores que lo acompañará. «Si no cumplimos con esas leyes no podemos ni hablarles por teléfono», remató el ministro.

Ruckauf se sumó al requiebro concentrando la carga de la queja en la necesidad de cambiar la llamada «ley Clarín» (por quien promovió en enero pasado la sanción de la norma que ahora se quiere cambiar): «Ojo, señores -dramatizó el ya no más sonriente 'Rucucu'-, que el mundo nos mira. Estamos aislados y si no sacamos una Ley de Quiebras que se parezca a la de los EE.UU., y que no castigue tanto a los acreedores, nos van a sancionar más gravemente».

Eduardo Camaño, delegado de los diputados en la mesa del prometió que esa norma puede tener hoy un dictamen favorable de la comisión respectiva de esa cámara. Algo que todo vieron con algo de escepticismo -con un feriado en martes es difícil que los diputados hayan permanecido en la Capital Federal y menos para ponerle la firma a una norma tan vigilada por el monopolio-.

•Inquietud

Juan Carlos Maqueda, presidente de los senadores, fue más escéptico con la ley de «subversión económica», un proyecto que hasta ahora parecía pacífico y jugado al final de una querella entre juristas. Trasladó a la mesa la inquietud del vocero del sector más crítico de esa derogación, el senador Jorge Yoma, quien ha construido la posición de que la derogación de la «subversión económica» no puede redundar en una amnistía de quienes hoy están procesados o condenados por esa figura. Busca evitar, como muchos senadores y diputados, que ésta pase a llamarse la ley Rohm; el titular del Banco General de Negocios está procesado y preso por ese delito.Yoma -recordó Maquedapidió un informe a todos los juzgados y cámaras con la nómina de los procesados por esa figura y aparecen los nombres, además de Rohm, de Domingo Cavallo, Raúl Piñeiro Pacheco, Rubén Beraja, Héctor Koner (de Koner-Salgado), FranciscoTrusso, Carlos Bastos, la empresa Repsol YPF, etcétera.

La jueza María Servini de Cubría se ocupó de hacerles sa ber a los senadores que si se cae la figura de «subversión econó-mica», Carlos Rohm queda en inmediata libertad. Algo que pondría furiosa, por caso, a Elisa Carrió, que mantiene a raya a medio Parlamento a fuerza de denuncias.

Por eso, apenas terminó la reunión, Duhalde -no sin hablar de nuevo del plan «jefes de hogar-se ocupó de hablar con varios senadores, entre ellos Yoma (anoche de viaje a La Rioja para estar en el entierro de su tío radical, el ex senador nacional Julio Martínez), para pedirle ayuda. La respuesta de los senadores fue un clásico: que los legisladores no paguen el costo de una amnistía y que los reyes magos son los padres, es decir que tiene que haber una contrapartida a la sanción de esa norma.

«No quiero tampoco yo una amnistía», concedió Duhalde ante los ministros y más a la noche con los senadores. ¿Cómo no pagar el costo de que parezca eso? Los legisladores le prometen que para el lunes le van a tener terminado un estudio causa por causa para saber qué hacer con los casos en los cuales la sanción sería un pasaporte a la impunidad. ¿Y la contrapartida? Que si los banqueros quieren andar tranquilos por la calle sin temor a que los persigan los jueces den una mano en la solución al «corralito» y a la indexación de los créditos. Equivale a decir que acepten bajar el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia, índice de actualización de deudas) para reemplazarlo por otro menos cruento para los deudores.

El debut de Lavagna fue novedoso por la dureza con que encaró a sus colegas: «Algunos me preguntan por qué no anuncio un plan. ¿Qué plan va a anunciar un gobierno al que nadie le cree nada? No hay margen para lanzar ningún plan porque a la gente la veo muy incrédula». ¿Qué va a hacer?, se inquietó la mesa. Respuesta: «Voy a normalizar de a poco la vida económica. Que abran los bancos, que haya negocios. No es fácil -pidió compasión Lavagna-porque había banqueros que el lunes me decían que no había que abrir los bancos. No les hicimos caso y no pasó nada... Bueno, hemos tenidos dos días tranquilos del dólar, no nos podemos subir a la euforia, pero tener dos días sin sobresaltos es un mérito, ¿o no?».

Como venía la onda de las buenas noticias, Rodolfo Gabrielli anunció que para mañana tiene cuatro provincias para firmar el pacto con Nación con el compromiso de bajar el déficit 60% este año. El pelotón lo encabeza Salta y siguen Jujuy, Misiones y Río Negro. «Antes del fin de la semana que viene -anunció el «Rolo» mendocinovamos a haber firmado con todas las provincias.»

Más optimista quiso ser José De Mendiguren, quien desplegó un alarde de carpetas e imágenes para hacer un balance de la gestión que se pareció de manera irresistible a una despedida del cargo (junto a Jorge Capitanich y Gabrielli integra la grilla de traslados dentro del oficialismo).

Ruckauf cerró con el anuncio del viaje que iniciaba ayer a Chile junto a una delegación para verse con Ricardo Lagos. Mencionó la compañía de Daniel Scioli, quien reclamó al salir detalles sobre la seguridad del vuelo a Santiago. Tenía razones porque el martes viajó a Bariloche junto a Miguel Pichetto y la nave de la Fuerza Aérea, fletada por la SIDE para llevarles algo de apoyo a los candidatos a intendentes de Bariloche y El Bolsón, debió hacer un aterrizaje forzoso. Lo tranquilizaron ante ese episodio que despertó hasta en el gobierno algunos interrogantes ayer, día en que se recordó el bautismo de fuego en Malvinas de la Fuerza Aérea, entregada ahora al parecer a misiones proselitistas que obligan a alguna explicación.

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