En un nuevo gesto político del presidente Javier Milei al jefe de Gobierno, Jorge Macri, Nación firmó este martes el convenio con la Ciudad de Buenos Aires para traspasar progresivamente a la órbita porteña las competencias de la Justicia laboral. El texto ingresó esta mañana al Congreso de la Nación. Aspiran a que sea tratado por el Senado este miércoles. La Legislatura porteña también deberá sellar su validez para que entre en vigencia. Las autoridades de la Capital lo consideran como un "nuevo hito" hacia la autonomía plena.
10 de febrero 2026 - 18:51
Otro gesto de Javier Milei a Jorge Macri: Nación le traspasará la Justicia laboral a CABA
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suscribió el acuerdo con el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. El texto fue enviado al Senado para su tratamiento. Deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso y luego por la Legislatura. Qué dice la letra chica.
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto al presidente Javier Milei. (Imagen de archivo).
El acuerdo lleva la firma de representantes porteños y del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, quien el lunes, vía decreto 95/2026, recibió por parte de Milei y de Mariano Cuneo Libarona -ministro de Justicia nacional- las facultades de suscribir, en representación del Estado Nacional, la transferencia de competencias relativas al Fuero del Trabajo, potestad que le permitirá firmar adendas, modificaciones o acuerdos complementarios.
Gabino Tapia, titular de la cartera de Justicia de CABA y uno de los impulsores de la reforma, participó de la rúbrica. La consideró como un "nuevo hito en la autonomía de la Ciudad" para garantizar al distrito un servicio de justicia "propio, ágil y moderno" que va a permitir a los ciudadanos resolver sus conflictos individuales "más rápido y con más previsibilidad para las partes".
Los detalles del acuerdo firmado entre CABA y Nación por la Justicia laboral
Fuentes gubernamentales porteñas confiaron a Ámbito que a través del acuerdo "se traspasan las competencias" de la Justicia Nacional del Trabajo que atiende sobre causas porteñas, pero con algunas salvedades. Los expedientes activos previos a la sanción y los conflictos colectivos y de competencia federal -negociación colectivas, convenios colectivos y acciones sindicales- continuarán bajo el designio del fuero nacional, mientras que la justicia porteña tomará, inicialmente, los nuevos casos sobre conflictos individuales.
El acuerdo, en caso de ser aprobado, pone un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición ordenado por la Justicia Nacional Laboral y su contraparte local para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que será la Ciudad la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal.
Nación se comprometió también a transferir recursos en la medida que CABA ponga en marcha el Fuero del Trabajo, con el fin de garantizar su "adecuado funcionamiento". También garantizó que no avanzará con la designación de nuevos magistrados, funcionarios o personal para cubrir cargos en la Justicia Nacional del Trabajo en caso de que sus funciones correspondan a las competencias que asumirá la Ciudad, ya que será potestad del distrito.
Además, el acuerdo anticipa el cierre del Fuero Nacional Laboral con sede en CABA a raíz de "la pérdida de competencia" que se generará a través del traspaso. Y según aclararon, el traspaso es "sobre las competencias, pero no a las personas". Ambas partes manifestaron su optimismo en cuanto a lograr un traspaso en el corto plazo.
Las negociaciones
Las negociaciones por el traspaso comenzaron a principios del año pasado. Durante este tiempo, el Gobierno nacional ordenó la creación de una "Mesa de Trabajo" en abril del 2025, con representación de ambos gobiernos, para garantizar un "traspaso eficiente y sin inconvenientes" de la Justicia.
La novedad más reciente se dio el año pasado mediante la garantía del oficialismo nacional de incluir en el primer proyecto de reforma laboral -presentado en diciembre- un artículo por el cuál manifestaban el compromiso de firmar un entendimiento. La propuesta aseguraba la vigencia del fuero laboral nacional hasta que se instrumente la transferencia a CABA. "Una vez formalizado dicho acuerdo se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos", indicaba.
El tratamiento de la "modernización laboral" no llegó a buen puerto durante la primera convocatoria a sesiones extraordinarias durante el último mes del 2025. Por ese motivo, la senadora Patricia Bullrich pospuso su debate para redactar un texto de mayor consenso, el cual se discutirá este miércoles en el Senado: la iniciativa plantea cambios en indemnizaciones, vacaciones, horas extras, convenios colectivos, la derogación del estatuto del periodista, entre otros.
En lo que respecta al traspaso de la Justicia laboral a CABA, fuentes gubernamentales del GCBA confirmaron a Ámbito que fue enviado al Senado para que sea tratado junto con la reforma, aunque por estas horas aún es una incógnita si se añadirá al temario. Si el acuerdo recibe el visto bueno del Congreso, tendrá que ser discutido en la Legislatura porteña, donde el oficialismo porteño de Vamos por Más (PRO y Coalición Cívica) cuenta con 11 miembros, a los que se acoplarían los trece de La Libertad Avanza y, eventualmente, los cinco de Ciudadanos Unidos/UCR.
Cabe recordar que el Palacio de la calle Perú aprobó en diciembre del 2024 por 30 votos a favor (PRO, la CC, la UCR y parte de LLA) y 28 votaron en contra (Fuerza Patria, el FIT y el resto del bloque libertario) la ley 6789 que modificó la norma orgánica del Poder Judicial porteño y dio luz verde a la creación del nuevo fuero. Estará integrado por diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, conformada por dos salas.
En 2025, el Consejo de la Magistratura de CABA inició los procedimientos para la puesta en funcionamiento de la nueva instancia judicial local mediante la implementación de concursos para seleccionar a los futuros jueces y juezas. Sin embargo, la reglamentación generó alarma en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), que mediante una cautelar logró la suspensión preventiva de su implementación.
En paralelo a la sanción de la ley porteña, la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo "Levinas" que habilitó al Tribunal Superior de Justicia porteño a resolver causas civiles, comerciales, laborales y penales de la justicia nacional ordinaria, en otro guiño hacia la órbita capitalina que suscitó celebraciones en los despachos de CABA y en sectores empresarios, dada la potestad que se le otorgó al TSJ para intervenir en causas sobre el mundo del trabajo en un contexto en que se acumulan juicios.
Reforma laboral y la "industria del juicio"
El traspaso de las competencias al ámbito porteño es vista con buenos ojos por el Gobierno nacional ya que esperan resoluciones más favorables para las empresas en los juicios laborales, un punto que fue puesto sobre la mesa durante el debate de la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo. La jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, planteó este martes que el principal objetivo de las modificaciones es "terminar con la industria del juicio".
"A lo largo de los años se ha generado una industria del juicio que ha perjudicado a empresas y trabajadores. Empresas cerradas, capital hundido. Solo algunos se han beneficiados", dijo y aclaró: "Este capítulo marca bien en claro qué puede judicializarse y qué no. Qué es salario y qué no. Hemos establecido sistemas de protección para que la industria del juicio desaparezca. Que haya juicios, pero no injusticias". Y puntualizó en beneficios sociales no remunerativos como el gasto en comedores, reintegros médicos, guarderías, útiles y capacitación.
En el oficialismo nacional no dudan en caracterizar a los juzgados nacionales que resuelven sobre causas del trabajo de CABA como "anti empresas" y " cercanos al kirchnerismo". Desde el peronismo negaron las acusaciones y aseguraron que se trata de jueces "que hacen cumplir las leyes y la Constitución". Incluso afirmaron que, si se toma el promedio de los casos, hace años que son fallos "que se inclinan por la interpretación más favorable a la posición de las empresas".
El jefe de Gobierno porteño también habló sobre el acuerdo y, al igual que Bullrich, también puso el foco en "la industria del juicio fundió empresas, destruyó puestos de trabajo y espantó la inversión". "Para terminar con eso, es clave que la reforma avance junto con la transferencia de la Justicia Laboral a la Ciudad", dijo.
Para el alcalde, no hay mejor política de empleo "que una reforma laboral que devuelva confianza para contratar". "Solo así las empresas van a dejar de ser rehenes de mafias que, con el falso pretexto de “defender derechos”, se llenaron los bolsillos con juicios millonarios", disparó.
El traspaso de competencias que empujan Javier Milei y Jorge Macri no solo apunta a dotar de mayor autonomía a la Ciudad y de intentar revertir lo que, para LLA y el PRO, es la "industria del juicio". También apunta a ser un paraguas ante la ola de presentaciones judiciales que pueden derivarse de la modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que busca sancionar LLA en el Congreso, con apoyo del macrismo.
Por lo pronto, los judiciales ya anticiparon su rechazo al convenio y este miércoles anunciaron que se sumarán a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de la sesión que se llevará a cabo para discutir la reforma laboral.
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