Para constitucionalistas, no se podrá bloquear precandidaturas de procesados

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutirá hoy distintos proyectos para bloquear precandidaturas de procesados o condenados (en alguna instancia). No obstante, para abogados constitucionalistas consultados por ámbito.com, no se podrá inhabilitar a aquellas personas que solo estén procesadas ya que se presenta una incompatibilidad con el Pacto de San José de Costa Rica, que limita ese derecho a quien tuviera condena "por juez competente en proceso penal".

Uno de los proyectos es el impulsado por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, junto a otros legisladores del oficialismo y establece que procesados o condenados no podrán ser candidatos en elecciones primarias ni generales a cargos públicos nacionales.

En ese contexto, el constitucionalista Daniel Sabsay afirmó que "respecto de los condenados, la inhabilitación a candidatos para cargos públicos está conforme a derecho", mientras que respecto de los procesados "se presenta un problema con el Pacto de San José de Costa Rica, que limita la posibilidad de impedir el derecho a ser candidato a quien tuviera condena firme".

Asimismo, Gregorio Badeni señaló que en la actualidad, "si hay condena firme por un delito, una persona no puede ser candidata a cargos públicos cuando la pena privativa de libertad es de tres o más años".

Para el abogado, extender la prohibición a los que están procesados sería "inconstitucional" porque "estaría violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece que nadie puede ser privado de sus derechos políticos a menos que medie una sentencia penal condenatoria firme".

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Cabe recordar que en el Artículo 23, denominado "Derechos Políticos", la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en uno de sus puntos que la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades "exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal".

En esa línea se expresó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, consultado por este medio, al destacar que "la Constitución Nacional establece en el artículo 36, que ´atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos´".

La sesión está convocada para las 14 horas en la Sala I. En la agenda de temas se encuentra una iniciativa de la diputada nacional Brenda Austin (UCR - Córdoba), que propone modificar la ley orgánica de partidos políticos (N° 23.298) para evitar precandidaturas "en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios" a quienes hubieran sido condenados "en primera instancia" por los delitos de corrupción "hasta la revocación definitiva de la sentencia".

Entre los proyectos incluidos en el temario de la comisión, que preside Pablo Tonelli (PRO), se encuentra el de la reelecta diputada nacional Elisa Carrió sobre imposibilidad de ser candidatos a los condenados en juicio oral y público a penas privativas de la libertad y hasta 8 años luego del cumplimiento de la condena.

Los debates se llevan a cabo luego del desafuero del diputado Julio De Vido, detenido bajo cargos de corrupción cuando ocupó la cartera de Planificación Federal, y la controversia que rodeó a la candidatura del expresidente Carlos Menem, reelegido senador en momentos en que ha recibido distintas condenas.