El Partido Justicialista notificará hoy a todos los afiliados que tengan la intención de competir el 15 de diciembre por la candidatura presidencial que deberán presentar antes del 24 de octubre próximo 38 mil firmas de compañeros que avalen su pretensión. Esas firmas deberán cubrir por lo menos diez distritos electorales para completar la validez de la presentación a las internas abiertas, simultáneas y obligatorias que ordena la nueva versión del Código Electoral Nacional que se usará por primera vez en la historia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Esos formalismos los decidió el jueves pasado la Junta Electoral del PJ que preside el diputado nacional por La Pampa, Manuel Baladrón, y que sigue tomando decisiones pese a que el apoderado del propio PJ, pero que responde al ala Duhalde, ha impugnado a ese órgano ante la Justicia.
Como se informó, la Junta Electoral fue designada por el Consejo Nacional (ala Menem) en 1998 y su mandato se lo renovó la cúpula que responde al riojano. Jorge Landau argumentó ante la jueza que convalidó ese nombramiento (María Servini de Cubría) y el viernes pasado, en apelación, ante la Cámara Electoral Nacional, que esa junta no refleja todo el espectro de tendencias del peronismo.
Este apoderado confía en que la Cámara le dará esta semana la razón para que el Consejo o el Congreso amplié una junta que tiene un fuerte aroma menemista. La integran, entre otros, Alicia Martínez Ríos (ex embajadora y abogada personal de Menem), Pedro González (ex diputado por Bs. As.), Dolores Domínguez (del pierrismo), la diputada Inés Pérez Suárez, Pilar Kent de Saadi (esposa de Ramón Saadi), Vicente Mastrocolla (del menemismo sindical), el «Chango» Oscar Blanco (del partido de Esteban Echeverría, Bs. As., le están revisando la ficha para ver si no aparece afiliado al partido de Luis Patti), Ester Lanzares de Manfredotti (Tierra del Fuego), el chaqueño Rafael González, Tránsito Saucedo (Quilmes) y Esteban Llamosas.
También figuran dos funcionarios del gobierno: Juan Carlos Mazzon (asume hoy como secretario privado del gobierno) y Guillermo de Santis (giojista sanjuanino que es secretario de Estado de Justicia).
El argumento que les acercó Landau a los camaristas electorales es que esa junta no es plural y «les da argumentos a quienes necesitan justificativos para ir por afuera del partido a la elección a presidente».
• Reglamento
La Junta Electoral en lo formal no admite reproches de estar inclinada hacia ningún precandidato y avanzó en un borrador de reglamento para la presentación de candidaturas que redujo la necesidad de avales a 1% del padrón de afiliados, que tiene un total estimado de 3,8 millones anotados.
Esa cantidad, argumentan sus miembros, la puede lograr cualquiera de los candidatos que se dicen peronistas. Entre ellos están además de Menem, Adolfo Rodríguez Saá, Juan Carlos Romero, José Manuel de la Sota, Néstor Kirchner y, en la imaginación de muchos, Carlos Alberto Reutemann.
La presentación de las candidaturas cierra, según el cronograma electoral vigente, el próximo 24 de octubre. Ese jueves los partidos tienen que probar que esos 38 mil avales mínimos son reales y para ese escrutinio interno la Junta Electoral debe ser irreprochable. Dos días más tarde, el 26 de octubre, los partidos le tienen que entregar a la jueza Servini de Cubría los avales ya certificados.
Eso ocurrirá si ante esta magistrada, de quien dependen los comicios internos del 15 de diciembre para todo el país, no decide lo contrario. Salvo Menem y Rodríguez Saá, el resto de la dirigencia política, oficialismo y oposición, buscan algún atajo para postergar esa convocatoria. Pero no encuentran ningún mecanismo que pare la relojería de los tiempos electorales que dicta una maraña de leyes y de decretos.
El gobierno quiere eso pero no acierta en casi nada, y menos en cosas importantes como ésta. ¿Será la Justicia? María Servini tiene sobre su despacho un recurso de un señor Salvatierra, afiliado kirchnerista de la Capital, que le pide se devuelva a los partidos la potestad de elegir candidatos como toda la vida. La dirigencia que pide postergación confía en que esta jueza haga algo en los 18 días que restan hasta el cierre de candidaturas. Pero ella ya envió el mensaje: no es el rol de los magistrados ponerse a decidir qué les conviene o no a los políticos.
Dejá tu comentario