Poco serio: senadores no sabían lo que votaban

Los caciques oficialistas y opositores del Senado hicieron ayer una catarsis a puertas cerradas sobre la forma en que se aprobó la polémica ley Barrionuevo. Con ánimo de autoflagelarse por el escándalo que los envuelve, llegaron a reconocer que no sabían que, en el medio, había nada menos que una caja de $ 350 millones para el sindicato bancario que iba a pagar el sistema financiero. Es decir que no estaban al tanto de qué estaban votando, algo que debe suceder más a menudo de lo que puede imaginarse la gente.

En Labor Parlamentaria, el cordobés Juan Carlos Maqueda y el salteño Marcelo López Arias intentaron justificar sus declaraciones periodísticas -presidente y vice de la Cámara sostuvieron que «algo hubo» en relación con supuesto pedido de coimas-, ante cierta perplejidad del auditorio, animado por Carlos Maestro (UCR), el liberal correntino Lázaro Chiappe, el renovador salteño Ricardo Gómez Diez y el popular neuquino Pedro Salvatori, entre otros.

José Luis Gioja -que relató su presentación en Tribunales- insistió en que el trámite del proyecto había sido «normal». «Hubo dictamen de comisión sin objeciones y tampoco se presentaron disidencias en el recinto», recordó el jefe de la bancada PJ.

• Transparencia

«Lo cuestionable es que sólo la analizó la comisión de Luis Barrionuevo (Trabajo) que es el autor de la ley», intervino el tucumano Pablo Walter, de Fuerza Republicana. «Por lo menos -agregó-, se la podría haber girado a Economía y Finanzas, según el proceso que se le preparó ahora en Diputados, y así darle mayor transparencia».

A continuación, la catamarqueña Marita Colombo (Frente Cívico) hizo un «mea culpa» fuera de programa. «Yo soy miembro de Trabajo y reconozco que no sabía que estábamos aprobando $ 350 millones para la obra social de los bancarios; me enteré mucho después de haberla votado», se sinceró. Por lo bajo, Gioja admitió: «Yo tampoco sabía a cuánto llegaba el porcentaje en cuestión».

«Me comí un sapo, sin saberlo», continuó Colombo, al borde del sincericidio. «Es cierto que se trató con mucha celeridad, además de que el texto era muy confuso», siguió a modo de completar el confesionario de grupo. El proyecto quedó sellado en mesa de entradas de la Cámara alta el 29 de mayo y el 18 de junio -tan sólo 20 días más tarde- ya estaba listo el dictamen con firmas peronistas del propio senador de los gastronómicos, la pampeana Deolide Gómez de Bertone, Raúl Ochoa (San Luis), el riojano Jorge Yoma y Jorge Busti (Entre Ríos). Tardó menos de 2 meses para obtener la media sanción en el plenario del cuerpo. Rodolfo Terragno, que participa de las reuniones de Labor como titular de un minibloque disidente de la UCR, la emprendió indirectamente contra Barrionuevo. «Para colmo, el resto -quienes no son integrantes de la comisión- también estaba lejos de conocer el contenido del proyecto», comenzó el precandidato presidencial. «En el dictamen se decía que el miembro informante iba a explicar las razones por las cuales había que sancionar esta ley; pero nadie (ni siquiera Barrionuevo) ofició de miembro informante y se votó casi a libro cerrado», señaló Terragno, quien gozaba de licencia el 15 de agosto cuando se puso en consideración la iniciativa gremial en el recinto.

Walter le pidió a Maqueda un acuerdo con los presidentes de comisiones para «hacer públicas y abiertas todas las deliberaciones, en especial, las de Presupuesto y Hacienda», donde se discuten papeles clave, «para que no haya más malentendidos». «¿Pero cómo no son públicas, señor senador?», retrucó el titular provisional del Senado. La frepasista Diana Conti, que reemplazó a Raúl Alfonsín en la banca por la minoría bonaerense, le ganó de mano a Walter. «Gente de Poder Ciudadano quiso entrar a presenciar una sesión de Presupuesto y no la dejaron. ¿Es cierto, senador?», devolvió la pelota Conti. «Así es», contestó con rapidez Walter, tras la impensada alianza con la chachista.

Finalmente, el ex jefe de Gabinete de Fernando de la Rúa propuso que haya una forma de registrar cómo vota cada uno de los integrantes de la Cámara. De paso, promocionó una archivada iniciativa que le pertenece para digitalizar los pronunciamientos a favor y en contra en las sanciones de leyes.