Pymes en alerta, pedirán audiencia con el Gobierno

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales encendió la alarma en el sector pyme, que quedó excluido del fallo que, además, establece que para la fijación de nuevos valores son obligatorias las audiencias públicas.

En diálogo con ámbito.com, distintos referentes del sector afirmaron que se sienten "excluidos" del fallo judicial, y anticiparon que se reunirán en estos días para analizar la medida en su profundidad y para coordinar reunión con el Ejecutivo.

El presidente del Parque Industrial Berazategui y coordinador de la Mesa de Industriales Bonaerenses, Daniel Rosato, confirmó que en un cónclave que reunirá a los referentes del sector para la provincia de Buenos Aires la semana que viene elaborarán una propuesta para elevar al Gobierno.

"Estamos pidiendo hace tiempo que el aumento tendría que haber sido gradual y en algunos casos se tendría que haberse hecho una revisión que no se hizo", cuestionó Rosato.

En la misma línea se expresó Eduardo Fernández, el presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), quien calificó al fallo como "inesperado" al compararlo con el dictamen que este miércoles emitió la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

"Porque nos decía que éste era un servicio para la vida pero también para la continuidad de la actividad económica, de la que depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo", explicó Fernández.

En este marco, añadió que en el sector esperaban que "se siguiera el mismo criterio, y que la Corte tomara en cuenta al universo de las pequeñas y medianas empresas que representan a gran parte de la mano de obra del país".

El titular de APYME también ratificó que pedirán una reunión con la cartera de Energía, al tiempo que anticipó que ya solicitaron ser recibidos en el Ministerio de Producción, también por la situación económica que atraviesa el sector.

"Hoy mismo -por este jueves-, va a haber reuniones, y pediremos a otras multisectoriales se solidaricen con nosotros", sostuvo Fernández.

Por el lado de los empresarios pyme, Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, aseguró que la semana entrante pedirá una convocatoria con las demás cámaras del sector con el objetivo de elaborar "un primer diagnóstico tras el fallo".

No obstante, el próximo martes habrá reunión en la Unión Industrial Argentina (UIA), y se prevé que la temática que domine el encuentro sea la decisión de la Corte y se decida cómo procederá el sector para ser incluido en un esquema tarifario que los contemple.

Sobre este último punto, los referentes consultados coinciden en que "aún es muy pronto" para pensar en si interpondrán algún tipo de recurso judicial para ser amparados por el freno al incremento del servicio de gas.

"Nosotros vamos a seguir en el ámbito Ejecutivo y Legislativo explicando la importancia de los costos de la energía para nuestras pymes", dijo Fernández acerca de posibles medidas a tomar. "Además pedimos incorporar al ombudsman para el sector, que pueda defender los intereses de las empresas", añadió.

La preocupación para el sector es alta: los referentes del sector coinciden en que el aumento de tarifas llevará a muchas pequeñas y medianas empresas a despedir trabajadores y al cierre definitivo.

"Eso ya está sucediendo", afirma Rosato. "El incremento del gas que hubo ya fue trasladado a los precios y hay problemas en muchas empresas que no pueden competir", señala.

Para el presidente de APYME, el Gobierno "no termina de comprender al sector porque no está dentro de su plan económico".

Su balance del fallo es negativo: "Nos otorga un alto grado de inseguridad jurídica, porque resolviendo la formalidad de las audiencias públicas se podría seguir adelante con más ajustes".

"Uno así no puede ser competitivo como exige -el ministro de Hacienda- Prat Gay", argumenta Sellaro.

"Mi empresa pagaba $ 5.800 pesos de luz y ahora paga $ 29.000 de luz, pasó a ser un costo lo que antes se consideraba un gasto", explica el titular de la Cámara de la Industria del Calzado. "La Corte ha decidido a favor del Gobierno", remata.