Radicales cerca del escándalo

La Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, que preside Leopoldo Moreau, amenaza con terminar en un gran escándalo si avanza una causa penal por fraude en los padrones internos del partido. Hace pocos días se produjo la impugnación de los padrones partidarios -la UCR va a internas el domingo 24 de junio para decidir quién será el cabeza de lista de diputados nacionales, la presidencia del comité provincia y los delegados al comité nacional-, de los distritos de San Martín, Quilmes y Tres de Febrero. Los primeros dos administrados por intendentes radicales.

Ayer los diputados nacionales Alfredo Allende, José Recio y Manuel Martínez; y los legisladores provinciales Jorge Martínez, Roberto Costa y Miguel Bazze le reclamaron a Moreau «un padrón depurado y hecho público con suficiente antelación». Hicieron también una denuncia penal que cuestiona a la Junta Electoral de la UCR y al propio Moreau.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Manuel Blanco, derivó las impugnaciones de los padrones a la Junta Electoral de la UCR bonaerense, con la orden de «depurarlos». En ese juzgado las últimas fichas de afiliación datan de fines del '98, razón por la cual no puede legitimar las posteriores. La respuesta fue un comunicado de la Junta Electoral de la UCR que reivindicó la validez de padrones con el argumento de que ya han sido utilizados en otras ocasiones.

El ex precandidato de la UCR a intendente de San Martín, Ricardo Rodríguez, recordó ayer ante este diario que los padrones de ese distrito fueron cruzados en 1999, detectándose más de mil afiliados truchos -falta de domicilio real, documentos apócrifos con presuntos sellos de la Policía, también falsos, y otras picardías por el estilo-que investigó en aquélla oportunidad el juez de garantías Fernández Ganon.

Acusados

Pasó el tiempo y carecía de importancia seguir investigando la legitimidad de los padrones porque las internas ya se habían hecho. Por ello es que esta causa terminó en el fuero penal -la número 1757-, a cargo del juez federal Hugo Gurruchaga. En esa causa penal están acusados 4 concejales de la UCR: Walter Caruso, actual presidente del Concejo Deliberante de San Martín; Fernando González, presidente del bloque de concejales de la UCR; Carlos Biglieri y Alejandro Fernández.

Además de los hoy funcionarios municipales Gustavo Belardi, Néstor Vázquez y Guillermo Orti, donde llegó a actuar la Policía Federal con una pericia que acreditó que el «Gordo» Vázquez había fraguado sellos que se usaron en documentos públicos. Actúa en la causa el fiscal Jorge Sica, en la secretaría Bacallau.