Raro: decide Cristina si Kirchner seguirá gobernando por decreto

Cristina Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner convocó para hoy a una reunión de su Comisión de Asuntos Constitucionales con un objetivo claro: cumplir con su palabra de poner en marcha la Comisión Bicameral que controlará los decretos de necesidad y urgencia firmados por el Presidente.

Ahora la reglamentación de esos decretos adquiere otra significación, además de la institucional que tiene por ser una asignatura pendiente de la Constitución de 1994. Como Néstor Kirchner ya ha hecho una costumbre de modificar los presupuestos por DNU y disponer, además, de los fondos que le provee la recaudación extra que obtiene el Tesoro, el gobierno necesita convalidar esas medidas. No se debe olvidar que, más allá del uso intensivo que Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Kirchner han hecho de esos instrumentos, la inexistencia del procedimiento ratificatorio que fija la Constitución para los DNU, los deja legalmente desamparados ante cualquier recurso en su contra que llegue a la Corte Suprema, por ejemplo, ante la petición de algún damnificado en cualquier caso particular.

La senadora por Buenos Aires había anunciado sorpresivamente hace un mes la intención de iniciar el camino para la creación de la Bicameral. Desde ese momento se nombró una subcomisión especial para analizar las dos propuestas finales que quedaron en marcha, de la decena de iniciativas que hace años espera en el Congreso:

El proyecto de Miguel Pichetto que, formalidades aparte, establece que una vez comunicado el DNU por el Poder Ejecutivo -lo hace el jefe de Gabinete en un plazo de 10 días-, el Congreso tiene 60 días para expedirse ratificándolo o rechazándolo. Si no lo hace el DNU queda en firme. Ese proyecto establece el procedimiento para formar la comisión, la forma de tratar en los recintos sus dictámenes y los plazos. Con ese procedimiento le da valor al «silencio del Congreso» consagrando lo que se conoce como sanción ficta.   

El segundo proyecto en tratamiento es el presentado por el radical Ernesto Sanz, presidente del bloque UCR del Senado. Sanz sostiene allí la teoría contraria. Mas allá de otras diferencias reglamentarias,el radical consideraque si el Congreso no se expide en 30 días el decreto pierde vigencia. Esa tesis fue siempre sostenida por la oposición, algo obvio, en contra de los planteos que cada oficialismo tuvo sobre este tema a lo largo de los últimos años. Y es, además, una copia casi idéntica del proyecto sobre reglamentación de DNU que Cristina Kirchner presentó cuando ocupó una banca en Diputados y del dictamen que firmó en el Senado en épocas en que Jorge Yoma conducía la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Incógnita

Los dos proyectos llegarán entonces hoy a las 18 a Asuntos Constitucionales. El oficialismo tiene número suficiente allí para tratarlos y aprobar el despacho de la mayoría sostenido por Pichetto. Pero la incógnita no es ésa, sino ¿qué hará Cristina Kirchner cuando llegue el momento?

En la oposición anoche había desconcierto y el oficialismo mantenía silencio sobre la posición que tomará Cristina Fernández, pero esperaban la posibilidad de una sorpresa en la posición que tomará. La propia senadora mantuvo también un mutismo absoluto hasta ahora y por eso anoche se especulaba en el Senado con la posibilidad de que mantuviera la posición histórica que tuvo sobre el tema, algo que de todas formas es más que difícil siendo su marido el presidente de la Nación. Pero hay algún antecedente de esos comportamientos. Cristina nunca apoyó la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo y por eso incluso con Kirchner Presidente se retiró del recinto a la hora de votar los «superpoderes». Esta vez no podrá hacer algo similar ya que es la presidenta de la comisión.

Así, para Cristina la posición no es fácil. El 25 de octubre de 2000, cuando ocupaba una banca como diputada por Santa Cruz, la ahora senadora presentó un proyecto de reglamentación del uso de los decretos de necesidad y urgencia que negaba absolutamente cualquier valor al silencio del Congreso. Es decir, ante la falta de tratamiento tanto en la Comisión Bicameral como en cualquiera de los dos recintos, de un DNU girado por el Poder Ejecutivo éste perdía vigencia pasado un lapso de 60 días. Ese proyecto, a modo de chicana, fue tomado por Rodolfo Terragno y representado en el Senado hace menos de un mes.

Eran las épocas en que el peronismo jugaba de opositor frente al gobierno de Fernando de la Rúa, que comenzaba a mostrar ya sus primeros problemas.

Menos de dos años después, Cristina volvió con una posición similar cuando firmó el dictamen de Asuntos Constitucionales que ratificó también la necesidad de sancionar expresamente la ratificación de los decretos en ambas cámaras.

Hasta ahora, Néstor Kirchner, como todos los presidentes desde 1994, se negaron a debatir la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia.