Tablada: De la Rúa demora decreto bajo presión hasta de la Iglesia

La Iglesia se interesó el fin de semana -el propio monse-ñor Estanislao Karlic se lo pidió dos veces en 24 horas a Fernando de la Rúa-para encontrarle una salida al problema político-judicial que le han planteado los presos de La Tablada al gobierno. Paralela a esa gestión ecuménica, el vocero presidencial Ricardo Ostuni insistió con la vía legislativa y rechazó cualquier ensayo por medio de un decreto, ya sea de Necesidad y Urgencia para modificar la Ley de Defensa de la Democracia o el indulto, como quiere el PJ. En el gobierno no se descarta que se le pedirá el Senado que acople al tratamiento a las modificaciones de la denominada «Ley del dos por uno» para impedir que los condenados por el ataque al Regimiento de Infantería Mecaniza 3, el 23 de enero de 1989, puedan beneficiarse con una liberación anticipada de la cárcel.

Karlic, arzobispo de Paraná y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, le pidió al Presidente encontrarle una solución a la huelga de hambre que mantienen los presos de La Tablada.

Sobre la situación sanitaria de los detenidos que mantienen una huelga de hambre desde hace más de cien días, De la Rúa recibió un informe de Inteligencia del Servicio Penintenciario Federal (SPF) que resume los líquidos y sólidos que ingirieron en el día de ayer: mate, agua -algunos reciben suero-y «unos bomboncitos de Navidad». Luego se concluye que el estado psicofísico es controlable y se mantiene dentro de un marco no peligroso.

Este largo fin de semana, el Movimiento Todos por la Patria (MTP) -agrupación a la que pertenecieron los condenados que lideraron Enrique Gorriarán Merlo y su mujer, Ana María Sívori-participó de la «Navidad Solidaria» organizada por la CGT disidente de Hugo Moyano e hizo una vigilia en Plaza de Mayo para pedir «por la vida y la libertad» de sus detenidos.

Conmutación

Pese a que la vía del decreto pareciera descartada, la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti pidió que el Poder Ejecutivo promulgue una norma administrativa que contemple la posibilidad de «conmutar la pena», una medida que, cree, permitiría aliviar su situación judicial aunque se ocupó en aclarar que ello «no significaría una liberación automática».

Sin embargo, la libertad de los presos de La Tablada -ya sea por cualquier recurso político o judicial-es el centro de la controversia tanto en quienes los defienden como en quienes se oponen a un beneficio de esta naturaleza para condenados por homicidios múltiples.

El fallo adverso de la Corte, dividió las aguas en las cercanías del Presidente. Hombres como el ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra -en un principio se le adjudicó importancia en las negociaciones con la CIDH y organismos internacionales de Derechos Humanos-desaconsejó ir por el camino del decreto y reco-mendó insistir en una ley, además, de criticar -en privado-la forma como se operó en los Tribunales.

El nuevo dibujo que ronda en las cabezas jurídicas del gobierno consiste en aprobar la ley del dos por uno, que se encuentra en Diputados, con dos proyectos: uno el que responde a los lineamientos del gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf (PJ) y otro al del secretario de Justicia, Melchor Cruchaga (UCR).

Urgencia

El otro pensamiento que se concentra en Jorge de la Rúa y sus funcionarios como Conti, insiste con la vía del decreto, debido a la urgencia que requiere la definición de la huelga de hambre de los presos de La Tablada. Para este sector, esperar a que Diputados resuelva el dos por uno para que después lo apruebe el Senado y a continuación se resuelva incorporar el Pacto de San José de Costa Rica para los condenados del MTP que fueron juzgados en instancia única por aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia, es recorrer un largo camino con resultado incierto en virtud de la posición del peronismo en el Senado y la de muchos diputados radicales en la Cámara baja.

Por ello, el gobierno comenzó a atender a su frente externo. El viernes salió de Buenos Aires con destino a la CIDH en Washington, un informe para explicar que «el gobierno ha hecho todo lo posible para solucionar el problema», en el que se incluye una larga enumeración de todas las gestiones que no tuvieron éxito ante los Tribunales y el Congreso. El informe del gobierno explica que, ahora, queda en manos del Congreso de la Nación la sanción de normas que permitirán dar cumplimiento a lo recomendado por la Convención de Derechos Humanos».

Al mismo tiempo endureció su posición con los presos: el ministro Jorge de la Rúa amenazó con disponer «la alimentación forzada» para los huelguistas si se avizora un deterioro en su estado de salud. Para ello ya cuenta con la autorización de todos los jueces de la Capital Federal que pueden tener competencia en este asunto.