Economía

Receta de economistas K: crear comité del Congreso para "desdolarizar" las tarifas

Unos 260 académicos alertaron por el impacto en el bolsillo de los argentinos de los servicios públicos y denunciaron un incremento de la "pobreza energética". En más de tres años se cuadruplicó el peso de la luz, el gas y el agua en los salarios. Además, refutaron los dos argumentos de Cambiemos para justificar los aumentos.

El grupo de 260 economistas K que integran en el colectivo Economía Política Para la Argentina (EPPA) alertaron por el fuerte impacto en el bolsillo de los argentinos de los servicios públicos y recomendaron al Congreso la creación de un comité para encarar una revisión integral de los cuadros tarifarios que permita “desdolarizar” las tarifas.

En el primer documento del 2019, el EPPA denunció que “los tarifazos son incompatibles con un modelo de desarrollo económico” y remarcó que en poco más de tres años el peso del gasto en servicios como porcentaje del Salario, Mínimo, Vital y Móvil más que se cuadruplicó.

“La Argentina ha pasado de destinar un 6% del SMVM para pagar las tarifas de los servicios públicos a superar el 26% a partir de la cuota de enero de los últimos aumentos”, indicaron los analistas y académicos heterodoxos.

La Argentina está sufriendo un notable incremento de la población en condiciones de pobreza energética" (Economía Política Para la Argentina)

“Hace poco más de tres años nuestro país se posicionaba como el país de la región con las tarifas de los servicios públicos más accesibles. Sin embargo, la política de ‘recomposición tarifaria’ llevó las tarifas locales a niveles incluso más altos que los de los países con estructuras históricamente liberalizadas”, destacaron. Según los diversos estudios evaluados por el EPP, en términos porcentuales Argentina aumentó 20 puntos de incidencia tarifaria en relación a 2015.

El informe recordó que desde la asunción de Cambiemos y hasta junio siguiente cuando se concretarán los últimos tarifazos anunciados oficialmente, la luz habrá aumentado hasta 3.756%; el gas un 2.042% y el agua un 1.285%.

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En 2015 la participación de la canasta en el salario mínimo era de 6,3%, mientras que en 2018 llega a 23,5%, incluyendo los gastos en transporte. Esto representa un aumento de 17,2% en tan solo tres años. Sin los gastos en transporte, el peso de la “canasta energética” en el salario mínimo fue 16,3% en 2018 y pasará a 18,3% a mitad de 2019. “La Argentina está sufriendo un notable incremento de la población en condiciones de ‘pobreza energética’, ya que el peso del gasto de los servicios públicos en el ingreso se ha multiplicado con creces”, advirtieron.

El agrupado kirchnerista destacó que con el argumento de que “las tarifas eran muy baratas”, la política energética de Cambiemos dolarizó el precio interno de la energía y aumentó considerablemente los gastos en subsidios energéticos con la devaluación del peso en 2018. Sin embargo, aclararon que fijar el precio de los servicios por debajo del costo no es una medida económica “contraproducente”.

“El subsidio a las tarifas implicó, para el gobierno anterior, una política contra cíclica luego de que la gran crisis de 2008 empiece a replicarse en los países emergentes. Más relevante que el porcentaje que ocupa el pago de las tarifas dentro del total del ingreso es el porcentaje disponible para tener la capacidad de consumir otros bienes y servicios”, señalaron al defender la inyección de subsidios en la luz, el gas, el agua y el transporte. En el EPPA afirmaron que el subsidio a las tarifas aplicado durante el gobierno de Cristina de Kirchner fue una política económica expansiva que logró revertir el contexto internacional e interno para volver a crecer en 2015 un 2,7%.

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Asimismo, repudiaron otro argumento expuesto por el Gobierno para subir las tarifas: la preocupación por el déficit fiscal. Para los economistas K, la evolución presupuestaria muestra el fracaso de su estrategia, ya que esos desembolsos no implicaron un derrame positivo en el resto de la economía. En 2018, la ejecución presupuestaria base caja arrojó un gasto en subsidios energéticos de $ 177.887 millones, lo que representa un incremento del 41,6% respecto de 2017, o unos $ 52.234 millones adicionales. “A pesar de los tarifazos soportados por la población, la situación fiscal lejos está de ser la proyectada por el oficialismo, mientras el aumento de tarifas y subsidios solo contribuye a incrementar las ganancias extraordinarias de las empresas monopólicas que prestan el servicio”, indicaron.

En este marco, los 260 profesionales recomendaron efectuar una nueva revisión tarifaria integral, con el propósito de establecer de manera objetiva cuál es el costo de producción del servicio, en sus diferentes etapas, con el objetivo de “desdolarizar” las tarifas. “Para ello, se plantea la necesidad de creación de un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria, en el marco del Congreso de la Nación, con el objetivo de constituirse en un órgano que coadyuve en la representación de todos los sectores que se ven involucrados y afectados por el modelo actual de desregulación total y fijación de la tarifa por mecanismos exclusivamente de libre mercado”, propusieron.

Firmaron el documento Ricardo Aronskind, Alejandro Barrios, Silvina Batakis, Federico Bernal, Pedro Biscay, Augusto Costa, Agustín D’attellis, Jorge De Vido, Paula Español, Roberto Feletti, Santiago Fraschina, Guido Forcieri, Débora Giorgi, Cristian Girard, Axel Kicillof, Hernán Letcher, Mercedes Marco del Pont, Felisa Miceli, Delfina Rossi, José Sbattella y Alejandro Vanoli, entre otros.

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